Una inédita Ley para la Ciencia Argentina

La Ley de Ciencia aprobada anoche por la Cámara de Diputados faculta al Estado argentino para decidir qué se investiga en el país con fondos públicos, previa consulta con las provincias y con los propios investigadores.

La sanción definitiva de esta Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, inédita en la rica tradición científica nacional, se da por descontada en el Senado, ya que el texto fue acordado por todos los partidos políticos y representantes del sector.
En su primera valoración, la secretaria de Tecnología, Ciencia e Innovación Productiva, Adriana Puiggrós, destacó en declaraciones a Télam que la ley proporcionará “la articulación entre los organismos públicos, y entre los públicos y privados”.
El proyecto final resumió los que habían impulsado el senador Humberto Salum (UCR) y, entre otros, los diputados Alejandro Peyrou (Frepaso), Mario Ferreyra (PJ) y Alfredo Allende (UCR).
”El proyecto vuelve al Senado con bastantes modificaciones, pero que lo mejoran; hablé con otros senadores, están de acuerdo con ellas y vamos a tratar de que la ley salgo lo antes posible”, confirmó el radical Salum a una agencia de noticias.
El proyecto incorporó aportes de investigadores, tecnólogos, sindicalistas y ciudadanos comunes, obtenidos de setenta reuniones, encuestas y audiencias públicas.
Según sus postulados, la “ley marco” proclama el derecho del Estado argentino a establecer una “orientación” del esfuerzo científico y tecnológico nacional, y darle al mismo tiempo un “aprovechamiento social” al conocimiento que produzca el país.
En cambio, la ley evita fijar el porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) que debería invertir el Estado en ciencia y técnica. La Argentina destina 0,3 por ciento del PBI (unos 700 millones de pesos), contra 0,8 de Brasil, 2,8 de Estados Unidos o 3,1 por ciento de Japón.
”La ley obliga a articular las fuerzas ya disponibles. El Estado nacional, las provincias, los institutos públicos y privados, los investigadores se tienen que poner de acuerdo por primera vez: ése es el extraordinario valor de esta ley”, dijo Peyrou a Télam.
Para el diputado Ferreyra la ley “es un gran paso. Los proyectos originales se enriquecieron. Con ella la ciencia acercará soluciones a los problemas de la gente y alentará a científicos y tecnólogos”.
La secretaria Puiggrós consideró que la crisis financiera hace necesario el aporte privado a la inversión en ciencia, sobre todo en PyMES, porque “las grandes empresas desnacionalizadas prefieren importar sus tecnologías de casas matrices”.
Empero, la articulación de ciencia y sistema productivo nacional exige que “el Estado regule las políticas del sector en base a sus necesidades sociales, culturales y económicas”.
La ley dará también marco legal a un “sistema” de ciencia, organismos, agencias y universidades, para poner fin a la dispersión de esfuerzos, en especial los financieros.
Así, atendiendo antiguos reclamos de los investigadores y del interior del país, la ley se propone “garantizar la igualdad en oportunidades para personas, organismos y regiones”.
Entre otros organismos, la norma contemplará el ya existente Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECYT), donde las provincias discuten ya políticas con el Estado nacional, y se creará un banco de proyectos y un registro de investigadores.
A su vez, entes como el INTA, la CNEA o el propio Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) tendrán un Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) donde coordinarán por primera vez sus actividades.
La ley también obliga al Gobierno a elevar al Congreso un Plan Nacional de Ciencia, que la Secretaría de Tecnología, Ciencia e Innovación Productiva (SETCIP) tiene listo tras consultar a todas las partes, a ser actualizado en el 2002 para el siguiente trienio.
El “sistema”, que determinará por consenso la política global de ciencia y tecnología del país, replica estructuras públicas de los países más desarrollados y pone fin a un antiguo problema de multiplicación de iniciativas y entes.
Del mismo modo, la ley incorporará a la legislación entes como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), creadas por decreto y que pueden ser cerradas por la misma vía, como ocurrió con el instituto forestal años atrás. (Télam).-

Fuente: Brunco Cane