Tras el fallo de la Corte, la CGT regional insiste en la proscripción de Cristina Kirchner

Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en el caso conocido como “Vialidad”, la CGT Regional Mercedes, Navarro y San Andrés de Giles expresó su respaldo a la ex presidenta, a quien considera víctima de una maniobra destinada a apartarla de la escena política mediante mecanismos judiciales.

El comunicado, de tono enfático, sostiene que lo ocurrido no se trata de una condena en términos estrictamente jurídicos, sino de una estrategia para proscribir a una figura central del panorama político argentino. Desde la organización sindical se afirma que el fallo judicial forma parte de un entramado que busca frenar, mediante el temor y la deslegitimación, cualquier expresión disidente del actual rumbo económico y social del país.

El pronunciamiento llega en un momento en que el máximo tribunal del país ya ha validado las decisiones previas de la justicia ordinaria, lo que para muchos clausura cualquier discusión jurídica sobre la culpabilidad de la ex mandataria. Sin embargo, desde ciertos sectores del sindicalismo persiste la mirada de que la justicia ha sido utilizada con fines políticos, una percepción extendida en amplios espacios del peronismo.

En el texto difundido, se hace especial hincapié en que el proceso no afecta únicamente a Cristina Fernández, sino que estaría dirigido a “acallar voces” y disciplinar al conjunto del campo popular. Con esa perspectiva, se interpreta la sentencia como un símbolo de algo más profundo: una advertencia a quienes se animen a cuestionar el modelo de país impulsado por los sectores actualmente en el poder.

No es la primera vez que la CGT regional toma posición frente a hechos judiciales con impacto político. En este caso, sin embargo, el pronunciamiento pone en tensión un hecho objetivo —la condena ratificada por varias instancias— con una lectura que insiste en la idea de persecución, lo que revela el grado de polarización que atraviesa el debate público argentino.

“Hoy más que nunca está en juego la democracia”, afirman en el comunicado, donde también denuncian una supuesta manipulación mediática y judicial con el objetivo de condicionar la voluntad popular. Esta afirmación, sin embargo, convive con la realidad de una condena firme, confirmada por la Corte y sustentada en un extenso proceso legal.

La nota concluye con una apelación a no ceder ante el miedo y con una reafirmación de compromiso en la defensa de los derechos sociales y la soberanía. La tensión entre lo jurídico y lo político, una constante en la historia argentina reciente, vuelve a hacerse presente, ahora con un nuevo capítulo que combina sentencias, movilización sindical y una disputa simbólica por el sentido de la democracia.