Por Emanuel Gomez Stremel.

Hoy, 21 de septiembre, en el marco de los festejos por el Día de la Primavera, hemos sido testigos nuevamente de la utilización masiva de pirotecnia en nuestra ciudad, a pesar de la ordenanza vigente que prohíbe el uso de pirotecnia sonora. Desde temprano en la mañana, los estruendos resonaban por todas partes, principalmente en la calle 21 y 30, donde se encontraban alumnos de la Escuela San Patricio. A pesar de la intervención policial, las explosiones continuaron una vez que los móviles se retiraron. Esta situación nos lleva a una profunda reflexión sobre la efectiva implementación de las normativas y el verdadero compromiso de las autoridades.

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La ordenanza vigente en Mercedes permite únicamente el uso de pirotecnia lumínica, sin embargo, lo que se escucha en cada esquina son bombas de estruendo, cuya venta y uso están prohibidos. Desde el municipio se alega que adhieren a la normativa provincial, pero ¿de qué sirve si en la práctica seguimos viendo estos espectáculos sonoros ilegales? La excusa de que se compran en otras ciudades no justifica la falta de control en nuestra ciudad.

Durante la jornada de hoy, vecinos preocupados realizamos varias denuncias al 147, el servicio de atención ciudadana. A pesar de la intervención de la policía y la seguridad local, nada cambió. Los estruendos continuaron sin que las autoridades pudieran o quisieran detenerlos. Este tipo de incumplimientos deja en evidencia una grave falta de voluntad política para abordar el problema de raíz.

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Las consecuencias del uso de pirotecnia sonora son bien conocidas. Perjudican a nuestras mascotas, alteran a niños con trastornos del espectro autista y afectan a veteranos de guerra que reviven momentos traumáticos a través de estos ruidos. Aun así, la respuesta municipal es tibia y reactiva, siempre llegando tarde, cuando el daño ya está hecho.

Nos preguntamos entonces, ¿qué motiva realmente a las autoridades a no hacer cumplir estas normativas? La respuesta parece ser clara: se teme afectar ciertos sectores económicos y, más aún, perder votos. Nadie quiere ser el “piantavotos” que impida a los jóvenes seguir con sus festejos explosivos, aunque estos impliquen un claro riesgo para la comunidad. El temor a generar una molestia entre los votantes jóvenes pesa más que el cumplimiento de una ley que busca el bienestar común.

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Es lamentable que la protección de las minorías solo se aplique en ciertos aspectos. En este caso, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad parecen ser ignorados en nombre de una conveniencia política. La hipocresía es evidente: nos llenamos la boca de discursos sobre inclusión y respeto, pero cuando se trata de tomar decisiones que realmente protejan a quienes más lo necesitan, el silencio es ensordecedor.

No es un problema de capacidad, sino de voluntad. El municipio tiene la posibilidad de aplicar una política de pirotecnia cero, pero prefiere mirar para otro lado. Si en verdad se quiere una ciudad inclusiva y respetuosa con todos sus habitantes, es momento de que las autoridades tomen cartas en el asunto y hagan cumplir las leyes que ellos mismos han aprobado. De lo contrario, continuaremos viendo cómo las promesas quedan sepultadas bajo el ruido de los estruendos.