Marcha federal y polémica: la universidad pública entre reclamos y desmanejos

Las universidades nacionales volvieron a ser eje de debate. En el marco de la marcha federal convocada en defensa de la ley de financiamiento universitario, docentes, no docentes y estudiantes reclaman mejores salarios y recursos para sostener servicios básicos. Pero, como plantea Néstor Anito, el problema no se agota en la falta de presupuesto: “hay que observar de lleno cómo se usan los fondos”, subraya.

Anito recuerda denuncias que generan preocupación. Entre ellas, la compra de yerba por \$684.312,50 destinada al decano de la Facultad de Ingeniería de La Pampa, un caso que despierta sospechas sobre el manejo de las partidas. Para el autor, situaciones así alimentan la desconfianza de los propios estudiantes, que —como la agrupación “Somos Libres” de la UBA— exigen auditorías que transparenten gastos y desvíos.

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El señalamiento alcanza también a la conducción universitaria. Según Néstor Anito, resulta inaceptable que el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, perciba ingresos millonarios —se habla de unos 18 millones de pesos— mientras los trabajadores de base no llegan a fin de mes. Esa desigualdad, sostiene, multiplica el malestar y erosiona la legitimidad de los reclamos.

Al mismo tiempo, Anito pone el foco en el deterioro interno de las instituciones. Relata denuncias de destrozos en aulas, baños y mobiliario, pintadas políticas y hasta maltratos al personal de limpieza. “Gran parte de las universidades parecen más unidades básicas que espacios académicos”, advierte. Para él, la politización excesiva y el descuido cotidiano terminan de agravar la crisis.

El problema no es reciente. Néstor Anito recuerda que en 2012 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner había calificado de “vagos” a los docentes que reclamaban aumentos sin garantizar la apertura de clases ni discutir la calidad académica. Trece años después, asegura, los males estructurales persisten: baja cantidad de graduados, recursos mal asignados y un sistema más volcado a la disputa política que a la formación de profesionales.

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“Cuidemos la educación pública desde lo más básico, el respeto y la valoración de lo que se nos da”, concluye Anito, convencido de que el financiamiento es indispensable, pero debe ir acompañado de auditorías serias y de un compromiso real de toda la comunidad universitaria. Solo así, afirma, la universidad podrá volver a ser lo que debe: un espacio de aprendizaje y no de desgaste político.