Paro de colectivos: el conflicto salarial se agrava y denuncian ataques contra el 57

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició este martes 6 de mayo un paro total de actividades que afecta el transporte de pasajeros en servicios de corta y media distancia. La medida de fuerza responde a un nuevo quiebre en las negociaciones salariales, luego de que fracasara la última instancia de diálogo entre el gremio y las cámaras empresarias del sector.

El principal reclamo del sindicato se centra en elevar el salario mínimo de los choferes de colectivos, actualmente fijado en 1.200.000 pesos, a un piso de 1.700.000. Sin embargo, las entidades patronales —entre ellas FATAP, AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA— ofrecieron un esquema de sumas no remunerativas, distribuidas en tres pagos: uno de 40.000 pesos a cobrar el 26 de mayo, otro de 50.000 el 16 de junio, y un tercero de 70.000 el 15 de julio. Esta propuesta fue rechazada de plano por el gremio, que consideró que no responde a la urgencia inflacionaria que atraviesa el país.

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Con la conciliación obligatoria ya vencida y sin herramientas legales inmediatas para frenar la medida, el paro se concretó en todo el país. Pero además del impacto sobre la movilidad de miles de usuarios, la jornada estuvo marcada por denuncias de violencia vinculadas a la interna gremial. En las primeras horas del día se reportaron incidentes contra unidades de la línea 57 de la empresa Atlántida, en municipios como Pilar y Luján. Según fuentes locales, los hechos habrían sido protagonizados por integrantes de la propia UTA, en represalia por la decisión de esa compañía de no adherir al paro.

Las agresiones se habrían producido en predios donde se estacionan los colectivos, aunque no se confirmó si también hubo daños en garajes o unidades en la ciudad de Mercedes, uno de los destinos clave que conecta la línea 57 con el área metropolitana. Usuarios frecuentes del servicio manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que estos hechos afecten el funcionamiento regular de los recorridos en los próximos días.

Desde distintos sectores de la provincia, los episodios de violencia generaron un fuerte repudio. En redes sociales y declaraciones públicas se multiplicaron las críticas a lo que varios definieron como “prácticas mafiosas” dentro del gremio, sumando una nueva capa de conflicto a un panorama sindical ya tenso.

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Mientras tanto, el Gobierno nacional observa con preocupación el escenario, pero sin margen de maniobra inmediata. Las próximas horas serán claves para saber si se abre una nueva vía de negociación o si el conflicto escala hacia un nuevo paro con mayores consecuencias para el transporte urbano e interurbano.