Ñoquis bajo la lupa: evaluaciones obligatorias y recortes en el empleo estatal

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó la entrada en vigor de dos nuevos decretos que modifican el régimen de contrataciones en el sector público nacional. Estas disposiciones, publicadas en el Boletín Oficial, imponen restricciones significativas para el ingreso de personal estatal a partir de 2025.

Uno de los decretos establece que no podrán realizarse nuevas contrataciones, salvo excepciones muy puntuales. En esos casos, las entidades deberán reportar tres bajas por cada nueva alta de personal. Sin embargo, se permitirá la incorporación en áreas que ya hayan realizado ajustes significativos en su plantel y que justifiquen la necesidad estratégica de ampliar su equipo.

Puede Interesarte:

Transporte gratis a Tomás Jofré: el Municipio impulsa otra edición nocturna del Camino de los Bodegones

En paralelo, se introdujo una evaluación obligatoria para todos los empleados del sector público. La “Evaluación General de Conocimientos y Competencias” será un requisito indispensable para quienes busquen ingresar a la administración estatal a partir de abril próximo. Esta medida busca garantizar que los empleados cuenten con la preparación necesaria para ocupar sus cargos, alineándose con los objetivos de eficiencia trazados por la gestión de Javier Milei.

Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de estas reformas, expresó en X que las medidas son un reflejo del compromiso del gobierno con la “racionalización y transparencia en el uso de los recursos públicos”. Además, recalcó que estas normativas forman parte del plan general para reducir la estructura estatal y optimizar su funcionamiento.

El endurecimiento de los criterios para el ingreso al sector público ha generado expectativas y tensiones en diversos ámbitos. El gobierno reafirma que estas decisiones son esenciales para sanear las cuentas públicas y fomentar un Estado más ágil y eficiente. La implementación de estas normativas será seguida de cerca, mientras el país evalúa el impacto real de estas políticas en su administración y economía.