Más de 160 allanamientos simultáneos para combatir el abuso sexual infantil en la provincia

Una megacausa judicial movilizó el miércoles 12 de junio a fiscales especializados y fuerzas de seguridad de todo el país, en el marco de la quinta edición de la “Operación Protección de las Infancias”. El operativo consistió en 165 allanamientos realizados en simultáneo en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de frenar delitos relacionados con la distribución de material de abuso sexual infantil, el grooming y otras formas de explotación digital.

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Coordinada por el Ministerio Público bonaerense, la operación estuvo dirigida por el procurador general Julio Conte-Grand y contó con la intervención directa de fiscales con competencia específica en ciberpedofilia, grooming y delitos conexos a la trata de personas. La planificación estuvo centralizada en el Departamento de Delitos Conexos a la Trata, dependiente de la Secretaría de Política Criminal, conducida por el doctor Francisco Pont Vergés.

Las órdenes judiciales se cumplieron en 84 localidades distribuidas en los departamentos judiciales de Azul, Bahía Blanca, La Plata, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, Mercedes, San Isidro, San Martín, Zárate-Campana, entre otros. En total, se identificaron 137 personas sospechadas de participar en delitos vinculados al abuso de menores en línea. Del total, 126 son varones y 13 mujeres, con edades entre los 16 y los 81 años. Además, se estableció que al menos nueve de estas personas trabajaban en espacios donde se encuentran en contacto directo con niñas, niños o adolescentes.

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En los procedimientos se incautaron más de 900 dispositivos entre computadoras, teléfonos celulares y unidades de almacenamiento digital, además de elementos no electrónicos de interés, armas de fuego y drogas. También se detectó la convivencia de 63 menores con las personas investigadas, lo que encendió alertas sobre posibles situaciones de riesgo inmediato.

Como resultado, 16 personas fueron detenidas. Las causas en curso abarcan los delitos de tenencia, distribución y posible producción de material de abuso sexual infantil, así como casos de acoso sexual en línea, conductas todas previstas y penadas por los artículos 128 y 131 del Código Penal argentino.

La ejecución de los allanamientos se apoyó en una estructura de nodos judiciales distribuidos por toda la provincia. Entre ellos se destacaron las fiscalías de Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Quilmes, Pergamino y otras dependencias con competencia exclusiva en ciberdelitos. La fiscalía de Mercedes también formó parte activa, bajo la coordinación del fiscal Javier Ariel Casarini.

Además de la labor judicial, el operativo incluyó la intervención de múltiples fuerzas policiales especializadas. La Policía de la Provincia de Buenos Aires aportó personal de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen, a cargo del comisario mayor Ariel Rodríguez. También participaron divisiones especializadas de la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y unidades operativas federales de Junín, Mar del Plata, Necochea y Pinamar. Todas estas fuerzas articularon esfuerzos para garantizar la obtención y preservación de pruebas, en muchos casos alojadas en entornos digitales de difícil rastreo.

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Esta acción masiva, que ya lleva cinco ediciones consecutivas, se enmarca en una política criminal que busca responder con eficacia a la expansión de redes de abuso infantil que operan en entornos virtuales, muchas veces con altos niveles de anonimato. El abordaje integral y coordinado entre fiscalías y fuerzas de seguridad es considerado una herramienta clave para desarticular estas organizaciones.

El operativo no sólo permitió detener a varios presuntos responsables, sino también preservar pruebas fundamentales que ahora serán evaluadas por los distintos juzgados intervinientes. La gravedad de los delitos investigados, sumado al número de personas involucradas y la magnitud del material incautado, confirman que se trata de una de las acciones más importantes llevadas adelante por el Ministerio Público bonaerense en esta materia.