Guillermo Moreno recibe nueva condena por irregularidades en el INDEC

En un fallo que sacude el escenario político argentino, el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py dictaminó una sentencia condenatoria contra Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El veredicto, emitido en el marco de la causa que investigaba la presunta manipulación de datos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), impone una pena de tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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La decisión judicial se fundamenta en la comprobación de los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos, particularmente en relación con el manejo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el segundo semestre de 2007. Esta sentencia se suma a otras dos condenas previas que pesan sobre Moreno, configurando un panorama legal complejo para el ex funcionario.

El proceso judicial, que se extendió por varios meses, incluyó declaraciones de testigos y peritos que respaldaron la tesis de la fiscalía sobre la existencia de irregularidades en el manejo de información confidencial del INDEC. Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski argumentaron que se implementó un sistema de topes de precios para mantener artificialmente baja la inflación, llegando incluso a afirmar que “a martillazos bajaban los índices”.

Paralelamente, Beatriz Paglieri, ex directora de Índices de Precio de Consumo, recibió una sentencia similar a la de Moreno. Por otro lado, las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda fueron absueltas de los cargos en su contra.

La defensa de Moreno, encabezada por el abogado Alejandro Rúa, rechazó categóricamente las acusaciones y anunció que apelará el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal. Rúa insistió en que su cliente nunca tuvo acceso a copias u originales de encuestas de inflación y que su labor se limitó a implementar una “política de conversación de precios” con diversos sectores económicos.

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Es importante destacar que, al ser una condena de ejecución condicional, Moreno no deberá cumplir la pena en prisión. Sin embargo, deberá acatar ciertas reglas de conducta, como fijar residencia y someterse a la supervisión del Patronato de Liberados.

Este caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en la gestión de datos estadísticos y la independencia de los organismos públicos. Además, pone de manifiesto las tensiones políticas que aún persisten en torno a las políticas económicas implementadas durante los gobiernos kirchneristas.

Los fundamentos detallados del fallo serán dados a conocer el próximo 4 de septiembre, momento a partir del cual las partes podrán presentar sus apelaciones. Mientras tanto, este veredicto se suma a un historial judicial complejo para Moreno, quien ya enfrenta otras dos condenas en revisión por casos relacionados con su gestión pública.

La sentencia también incluye una solicitud para que se investigue el posible rol de la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, en estos hechos, lo que podría abrir un nuevo capítulo en esta saga judicial que continúa develando las complejidades de la administración pública argentina durante un período crucial de su historia reciente.