Ficha sucia: el Senado le bajó el pulgar a una ley clave para inhabilitar a condenados

En una jornada cargada de tensiones políticas, el Senado de la Nación rechazó por un voto el proyecto conocido como “Ficha limpia”, una iniciativa que buscaba impedir que personas con condena penal en segunda instancia pudieran ser candidatas a cargos electivos o asumir funciones públicas. La iniciativa, que ya había recibido media sanción de la Cámara de Diputados, naufragó en la Cámara alta por 36 votos afirmativos frente a 35 negativos, quedando a solo un voto de la mayoría absoluta necesaria para su aprobación.

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El desenlace dejó al oficialismo en una posición incómoda. La Libertad Avanza, junto con bloques aliados como el PRO y la UCR, había puesto sus expectativas en esta norma como símbolo de transparencia institucional. La derrota fue leída como un nuevo traspié legislativo para el presidente Javier Milei, quien calificó de “lamentable” el rechazo de la propuesta.

Una de las sorpresas más comentadas fue el voto en contra de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia. Ambos legisladores habían anticipado su respaldo, pero finalmente se inclinaron por el rechazo. Esa modificación de última hora resultó determinante para el fracaso del proyecto.

El texto debatido establecía la imposibilidad de postularse o desempeñarse en cargos públicos a quienes hubieran sido condenados en segunda instancia por delitos contra la administración pública. Entre los delitos alcanzados estaban el fraude contra el Estado, cohecho, malversación, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito y encubrimiento. En la práctica, se trataba de un cerrojo legal a figuras con causas avanzadas en la Justicia.

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Desde el oficialismo, el proyecto fue defendido como un mecanismo indispensable para mejorar la calidad institucional y restringir el acceso al poder a quienes tuvieran cuentas pendientes con la Justicia. La oposición peronista, en cambio, consideró que la norma escondía un objetivo político puntual: impedir una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la causa Vialidad por corrupción en la obra pública y con la condena confirmada por la Cámara de Casación.

Durante el debate, senadores de Unión por la Patria advirtieron que la iniciativa era “abiertamente proscriptiva” y respondía a “una agenda de persecución”. En ese marco, acusaron al oficialismo y sus aliados de intentar condicionar las elecciones futuras con una herramienta judicial revestida de legalidad.

Los senadores que votaron a favor del proyecto fueron Maximiliano Abad, Bartolomé Abdala, Carmen Álvarez Rivero, Ivanna Arrascaeta, Carlos Espínola, Ezequiel Atauche, Flavio Fama, Vilma Bedia, Natalia Gadano, Eduardo Galaretto, Beatriz Ávila, Pablo Blanco, José María Carambia, Luis Juez, Carmen Crexell, Andrea Cristina, Mariana Juri, Alfredo De Angeli, Daniel Kroneberger, Enri Goerling, Carolina Losada, Juan Carlos Romero, Martín Lousteau, Mónica Silva, Rodolfo Suárez, Guadalupe Tagliaferri, Stella Maris Olalla, Mercedes Valenzuela, Bruno Olivera Lucero, Alejandra Vigo, Juan Carlos Pagotto, Eduardo Vischi, Francisco Paoltroni, Víctor Zimmermann, Edith Terenzi y María Victoria Huala.

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En contra se expresaron Juliana Di Tullio, Claudio Donate, María Eugenia Duré, Guillermo Andrada, Anabel Fernández Sagasti, Carlos Arce, Silvina García Larraburu, María Celeste Giménez, Stefanía Cora, Lucía Corpacci, Nora Giménez, Alicia Kirchner, Eduardo De Pedro, María González, Sergio Leavy, Oscar Parrilli, Claudia Ledesma, María Inés Pilatti Vergara, Marcelo Lewandowski, Mariano Recalde, Carlos Linares, Jesús Rejal, Cándida López, Antonio Rodas, María Florencia López, Sonia Rojas Decut, Fernando Salino, Juan Manzur, Silvia Sapag, José Mayans, Sandra Mendoza, María Carolina Moisés, Gera Montenegro, Sergio Uñac y José Neder.

El revés en la Cámara alta no solo representa una victoria parlamentaria para el kirchnerismo, sino también un freno a las aspiraciones del Gobierno nacional de imponer un nuevo estándar de exigencia para el acceso al poder. Por ahora, la “ficha limpia” seguirá siendo una consigna más que una norma vigente. El proyecto podría ser presentado nuevamente, pero requerirá reconstruir consensos que, a la luz de lo ocurrido, parecen difíciles de alcanzar en el clima político actual.