Eduardo Belliboni al borde del juicio oral por extorsión en planes sociales

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por la defensa de Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, y otros 14 acusados en una causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos provenientes de planes sociales. Este fallo deja a los imputados al borde del juicio oral.

El caso, que data de diciembre de 2023, apunta a la supuesta existencia de un esquema de extorsión que involucraba a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Según la justicia, estas personas eran obligadas a entregar parte de sus subsidios y participar en movilizaciones organizadas por la agrupación, bajo amenazas de perder el acceso al programa.

La Sala IV de la Cámara de Casación, compuesta por los jueces Javier Carbajo, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, sostuvo que la evidencia recopilada hasta el momento es contundente. Entre las pruebas presentadas figuran mensajes de WhatsApp, testimonios y audios que demostrarían que las marchas organizadas no eran voluntarias, sino el resultado de coacción.

Uno de los elementos más significativos de la investigación es la declaración de colaboradores imputados, quienes bajo identidad reservada describieron en detalle cómo operaba el esquema. Según uno de estos testimonios, los beneficiarios eran convocados de manera compulsiva y se les advertía que, de no acatar las directivas, podrían enfrentar recategorizaciones desfavorables o incluso la pérdida del subsidio.

Además, durante las elecciones primarias de 2023, se habría obligado a los beneficiarios a votar por candidatos alineados con el Polo Obrero, exigiéndoles que enviaran fotografías como prueba del sufragio. Este accionar, calificado por la justicia como manipulación electoral, agrava aún más las imputaciones.

Jeremías Cantero, señalado como mano derecha de Belliboni, también enfrenta pedidos de ampliación de procesamiento por su rol clave en las presuntas extorsiones. La causa, que impacta tanto en el ámbito judicial como político, adquiere mayor relevancia en el contexto de las políticas del gobierno de Javier Milei, que busca implementar controles estrictos sobre los planes sociales y transparentar el manejo de los recursos públicos.

El avance hacia el juicio oral promete ser un capítulo decisivo en esta investigación, que podría sentar un precedente en el tratamiento de casos de corrupción vinculados a los sectores más vulnerables.