Cómo funciona la tobillera electrónica que usará Cristina Kirchner

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó a cumplir su condena bajo arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Monserrat. Para ello, el Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó la colocación de una tobillera electrónica, un dispositivo que forma parte del sistema de control que se utiliza en el país para monitorear a detenidos que no cumplen su pena en establecimientos carcelarios.

Este mecanismo de vigilancia remota no es nuevo en Argentina, pero su uso ha ido en aumento en los últimos años, particularmente en casos donde se trata de personas mayores de 70 años, con problemas de salud, o donde se busca una forma de detención menos costosa y más humanitaria. Según datos oficiales, actualmente más de 2.500 personas privadas de libertad utilizan este sistema bajo la órbita federal, y sólo en la provincia de Buenos Aires se contabilizan más de 4.300 usuarios.

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La tobillera electrónica que se utilizará en el caso de Fernández de Kirchner funciona mediante la emisión de señales constantes a una unidad base ubicada dentro del domicilio de la persona detenida. Esa unidad, conectada por línea telefónica o celular, transmite la información a una central de monitoreo las 24 horas del día. El sistema es sensible a cualquier intento de violación: si se manipula la tobillera, se corta la señal o se excede el perímetro establecido —que suele rondar los 45 metros—, se activa una alarma y se notifica de inmediato a las autoridades judiciales y policiales.

Previo a su implementación, técnicos del Servicio Penitenciario verifican que el domicilio cuente con las condiciones necesarias: conexión eléctrica estable, señal de telefonía adecuada y línea fija, si se requiere. Este proceso de inspección puede demorar entre 48 y 72 horas, aunque en casos de alta visibilidad política o mediática los tiempos suelen acortarse.

El dispositivo que se colocará a la ex mandataria es el mismo que se emplea en otros casos de prisión domiciliaria, aunque existen versiones más complejas que incorporan GPS, utilizadas especialmente en casos de violencia de género. En esas situaciones, tanto la persona agresora como la víctima portan dispositivos que permiten generar alertas si se rompe el perímetro de exclusión.

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Desde el punto de vista económico, el sistema de tobillera electrónica implica un gasto mensual estimado de entre 11.000 y 29.000 pesos por persona, dependiendo de la jurisdicción. Esta cifra representa una fracción de lo que costaría alojar a un detenido en una cárcel tradicional, lo cual explica por qué algunos tribunales lo prefieren cuando las condiciones legales lo permiten.

En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, además del uso del dispositivo, se establecieron otras condiciones: no podrá abandonar su domicilio sin autorización judicial, deberá presentar un listado de personas autorizadas a ingresar y evitar cualquier conducta que altere la convivencia del entorno. Su hijo, Máximo Kirchner, fue designado como garante.

El monitoreo será supervisado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que deberá presentar informes trimestrales sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas. Será este seguimiento constante el que determine si la ex presidenta cumple o no con las reglas de su nueva situación procesal.