Vacunación VIP: el mercedino Santiago Igón zafa del juicio tras pagar una millonaria suma

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió extinguir la causa penal contra el exdiputado Santiago Igón, acusado de haberse vacunado contra el Covid en febrero de 2021 cuando no integraba los grupos prioritarios. Para recibir la dosis se había inscripto como personal de salud, un ardid que fue considerado un agravante en las instancias judiciales previas.

La salida fue posible a partir de una reparación integral: Igón deberá pagar 3 millones de pesos y el médico Emiliano Biondo, quien avaló su vacunación, un millón adicional. Ambos montos se destinarán al Hospital Zonal de Esquel, lugar donde se aplicó la dosis. Con ese acuerdo, los dos quedaron sobreseídos y no enfrentarán un juicio oral.

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El caso tuvo fuerte impacto en 2021, en los primeros días del operativo de inmunización, cuando el acceso a las vacunas era restringido y se limitaba a personal de salud y adultos mayores. La noticia de que dirigentes políticos habían accedido a las dosis sin respetar los criterios oficiales alimentó el fenómeno conocido como “vacunación VIP”, que generó rechazo social y abrió múltiples causas judiciales.

El Ministerio Público Fiscal había imputado a Igón y Biondo por “aceptación de dádivas”, una figura que castiga a quienes reciben beneficios indebidos vinculados a su cargo. Al registrarse como integrante del sistema de salud, Igón logró vacunarse pese a no estar habilitado. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia había confirmado el procesamiento destacando la gravedad del hecho.

La defensa de los acusados apeló a la figura de la reparación integral, prevista en el Código Penal. El tribunal, con votos de las juezas Ana María D’Alessio y Enrique Nicolás Baronetto y la adhesión de Alejandro Cabral, aceptó la propuesta al entender que la objeción fiscal era “genérica” y que el aporte económico resultaba voluntario, proporcional y de impacto positivo en un hospital público.

Los jueces subrayaron que la reparación integral no equivale a la probation, que sí tiene límites para funcionarios. En este caso, se trata de un mecanismo autónomo de justicia restaurativa que busca compensar el daño social y simbólico.

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El fallo abre la puerta al sobreseimiento definitivo de Igón y Biondo, siempre que se efectivice el pago acordado. En los próximos días se acreditará el depósito y, con ello, el expediente quedará cerrado.

La resolución se inscribe en una línea de precedentes: el ex presidente Alberto Fernández utilizó la misma figura en la causa por la “fiesta de Olivos” y varios ciudadanos en distintas provincias resolvieron violaciones a la cuarentena mediante compensaciones económicas destinadas a instituciones sociales.

En Esquel, el caso de la vacunación VIP encontró así una salida alternativa que combina sanción económica con un aporte directo al sistema de salud, en un intento de equilibrar justicia y reparación frente a un episodio que en su momento encendió el debate nacional sobre transparencia y privilegios en plena pandemia.