A 40 años del Juicio a las Juntas: la sentencia que marcó a la democracia y el espejo incómodo de Cuadernos

Hace exactamente cuarenta años, el Tribunal presidido por León Arslanián cerraba la etapa judicial más decisiva de la democracia recuperada. El Juicio a las Juntas no solo entregó condenas: fijó un estándar moral y jurídico para un país que, tras años de violencia, buscaba reordenar el sentido mismo de justicia. El 9 de diciembre de 1985 no fue solo el final de un proceso penal, sino el inicio de un equilibrio entre memoria, legalidad y Estado de derecho que aún define a la Argentina contemporánea.

La particularidad histórica del juicio radicó en su carácter civil y público. No hubo justicia militar ni tribunales especiales; la democracia, recién nacida, decidió juzgar con sus propias instituciones a quienes la habían destruido. Ese gesto —arriesgado y sin precedentes regionales— convirtió al país en referencia internacional. Un sistema político frágil enfrentó a los autores de un plan represivo que había vertebrado desapariciones, centros clandestinos, censura y apropiaciones. La sentencia fue modelo, pero también advertencia: la democracia se afirmaba asumiendo el riesgo de condenar a los mandos máximos.

La perspectiva de cuatro décadas habilita una lectura más amplia. El Juicio a las Juntas condensó la idea de límite, pero también de memoria como forma de orden público. No hubo victoria partidaria, sino afirmación republicana: el poder no quedaba exento del derecho, ni siquiera cuando se trataba de quienes habían ejercido el dominio absoluto del Estado. Ese principio, que durante años pareció excepcional, reaparecería décadas más tarde frente a otro expediente disruptivo.

La causa Cuadernos, iniciada en 2018, no comparte su naturaleza de crimen estatal sistemático, pero sí su dimensión estructural. El estallido judicial expuso una red compleja de recaudación, contratistas, funcionarios e intermediarios que operó durante más de una década en la cúspide del sistema político. Allí radica el paralelo inevitable: Cuadernos no es una causa más, sino la investigación que atraviesa al poder real y revela prácticas que se habían naturalizado como engranaje permanente del Estado. No juzga un régimen represivo, sino el sistema de financiamiento político, la relación con obra pública y la matriz económica de la corrupción estructural.

El Juicio a las Juntas desnudó el terrorismo de Estado. Cuadernos muestra el Estado como botín. Ambos momentos condensan la misma tensión: el límite institucional frente a quienes consideran que el poder habilita inmunidad. Si 1985 fijó el piso ético de la democracia, el 2018 abrió la discusión sobre su techo: qué significa gobernar sin capturar recursos públicos, y cómo garantizar que el Estado no se convierta en un mecanismo de recaudación paralela.

La evocación de la fecha obliga a mirar con distancia crítica. A cuarenta años, la sentencia sigue viva porque instala una pregunta que no pierde vigencia: qué lugar ocupa la justicia en un país donde el poder tiende a justificar sus excesos. Cuadernos, en cambio, reabre el dilema en términos contemporáneos: cómo sostener un régimen democrático sin que la política se financie al margen de la ley.

Recordar el Juicio a las Juntas no es un gesto ceremonial. Es reconocer que la democracia se consolida cuando se atreve a juzgar. Y que toda causa posterior que se anime a interpelar al poder —con errores, resistencias y tensiones— dialoga con aquel acto fundacional. La memoria no solo es homenaje: es advertencia. Sin justicia efectiva, el sistema se vuelve decorado. Con ella, como hace cuarenta años, la democracia deja de ser una palabra y se convierte en una práctica.