El crimen de Brian Cabrera: la estafa del “estado presente” y las políticas progresistas de niñez y adolescencia

Por Juan Pablo Mrvelj:

La discusión pública y política sobre el delito juvenil hoy está enredada en una encrucijada que, planteada como está, es un callejón sin salida: entre la mano dura que pide cárcel común para niños, y la mano blanda que protege al delincuente. Desde los despachos burocráticos y las bancas legislativas, se debate el Código Penal como si eso fuera a resolver el descalabro social que nos atraviesa. Pero quienes nos formamos en el abordaje de las adolescencias y conocemos el territorio, sabemos que esta discusión es la consecuencia del fracaso de un modelo progresista que prefirió el eslogan por sobre la realidad. Fue este modelo, que permeó a las administraciones nacionales, provinciales y locales en los últimos 10 años, el culpable -entre otros factores- de alejar al peronismo del sentir popular y le abrió la puerta a la llegada de Milei a la presidencia.

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El primer gran error de este modelo fue su lenguaje. Han instalado el significante “pibe” o “piba” para infantilizar a jóvenes que ya actúan como adultos en la vida social y delictiva. Al usar eslóganes como “ningún pibe nace chorro”, el Estado despoja al joven de su autonomía y su responsabilidad. Bajo esta retórica, se considera que el joven es una víctima absoluta del sistema, y por lo tanto, el Estado no debe exigirle nada, solo “asistirlo”. Esta visión no es ni amorosa ni protectora; es profundamente destructiva. Un Estado que no le señala a un joven que sus actos tienen consecuencias no lo está cuidando: lo está condenando a la marginalidad perpetua y a una existencia sin límites éticos donde la vida, propia y ajena, pierde todo valor.

El otro eslogan al cual se siguen aferrando sectores políticos que pretenden confrontar con el Gobierno Nacional es el de “Estado presente”, que terminó siendo una cáscara vacía y un signo de amiguismo. Se llenan la boca hablando de “Estado presente”, pero ese Estado se ha convertido en una estructura de acomodo y falta de idoneidad. En las oficinas de Niñez y Adolescencia locales, el profesionalismo ha sido desplazado por los vínculos de cercanía política. Hoy vemos áreas críticas coordinadas por personas sin experiencia en el barro del territorio, puestas allí por ser “amigos de…” o por conveniencias o favores políticos. Estas conducciones llegan a puestos de decisión para ejecutar un presupuesto o cumplir una formalidad, pero no para transformar una realidad.

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Es necesario destacar que, dentro de estas oficinas, existen profesionales y trabajadores con verdadera vocación que conocen el paño y ponen el cuerpo a diario. Sin embargo, su labor se ve asfixiada por conducciones que priorizan el “kiosco” político y la lealtad grupal por sobre la capacitación y el mérito. Se gasta una fortuna en burocracia y en programas de “contención” superfluos que funcionan como parches, mientras los jóvenes bajo abordaje siguen a la deriva.

Lo ocurrido este fin de semana en nuestros carnavales, con el trágico asesinato de Brian Tomás Cabrera, es la confirmación empírica de este desastre institucional. Si bien la seguridad falló de manera ostensible en los festejos, la falla central y profunda es la que venimos señalando. Martín Auza, hoy detenido por este hecho, es el producto de este sistema de “Estado selectivo”. Martín no es un extraño para la Municipalidad; es un joven que estaba siendo abordado por la Oficina de Abordaje Adolescente, perteneciente a la Secretaría de Niñez y Adolescencia local. Pero, ¿qué tipo de abordaje puede recibir un joven si la conducción del área es inexperta y se maneja por amiguismos? El Estado estuvo “presente” para justificar el cargo, pero estuvo ausente para poner un límite real e intervenir seriamente en la trayectoria de un joven que terminó siendo parte de un desenlace fatal.

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Desde nuestro espacio sostenemos que la única solución es volver a la doctrina que ordena la vida en comunidad: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No necesitamos un Estado que regale becas para lavar su conciencia mientras deja que el narco y la violencia críen a nuestros jóvenes.

Proponemos un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que sea serio y pedagógico, donde la justicia llegue a tiempo, conducido por gente probada en territorio, con estudios, experiencia, vocación y salarios acordes a la labor. Donde haya un sistema de premios y castigos. La contraprestación debe ser el eje innegociable de cualquier política de minoridad: no puede haber ayuda sin estudio real, no puede haber subsidio sin formación técnica rigurosa, y no puede haber libertad sin la reparación del daño causado. El Estado debe garantizar las condiciones mínimas de vida digna –y no dejar a la gente a la buena de Dios como hace el gobierno de Milei–, pero el joven debe poner el esfuerzo. Donde hay una necesidad, debe haber un derecho, sí; pero para brindar derechos, se deben exigir obligaciones; y cuando las obligaciones no se cumplen, tiene que haber castigos ejemplares.

Para nosotros, la Justicia Social no es impunidad ni lavado de manos; la Justicia Social es que un joven trabajador como Brian pueda disfrutar de un corso sin que le arrebaten la vida, y que un joven como Martín tenga un Estado atento y vigilante que le ponga límites antes de que sea tarde. La muerte de este fin de semana fue el grito de una realidad que el relato no puede tapar. Es hora de recuperar el orden, la idoneidad y la autoridad.