Ustarroz acudió a la Justicia intentando frenar la auditoría de pensiones por discapacidad

El intendente Juan Ignacio Ustarroz presentó este viernes un pedido formal ante la Defensoría Federal de Mercedes para que la Justicia intervenga con carácter urgente. La solicitud apunta a frenar el operativo de auditoría que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene previsto llevar a cabo entre el lunes 9 y el miércoles 11 de junio en la ciudad. Según el documento, la acción oficial pone en riesgo la continuidad del cobro de pensiones por discapacidad debido a múltiples fallas e irregularidades en el procedimiento.

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La preocupación del municipio se centra en la posibilidad de que beneficiarios pierdan la pensión si no asisten a la auditoría, en muchos casos por desconocimiento o desinformación. Ustarroz pidió además que se prohíba expresamente cualquier tipo de suspensión en los pagos hasta tanto no se cumplan condiciones mínimas que garanticen un proceso claro, ordenado y digno para los vecinos.

El operativo en cuestión fue comunicado al municipio mediante correos electrónicos enviados por la Dirección de Despliegue Territorial y Acceso a Beneficios de la ANDIS. En esas notificaciones, se advertía que quienes no asistieran a la auditoría podrían ver suspendida su pensión. Sin embargo, desde la comuna denunciaron que la convocatoria carece de claridad, no distingue situaciones particulares y cita a las personas en establecimientos médicos que, en muchos casos, ni siquiera fueron informados del operativo.

Tatiana López, directora de Discapacidad del municipio, advirtió sobre la falta de organización: “No estamos en contra de que se hagan auditorías. Pero exigimos que se lleven a cabo con criterios razonables, informando adecuadamente, contemplando cada situación y sin poner en riesgo derechos adquiridos”. Según explicó, las citaciones comenzaron a llegar hace unas tres semanas, pero pronto se detectaron fallas graves, entre ellas domicilios erróneos o profesionales de salud que no estaban al tanto de la actividad.

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La funcionaria municipal también señaló que muchas personas llegaron a la dirección con desesperación, sin saber cómo actuar ni tener instrucciones claras. Y alertó que una gran cantidad de beneficiarios ni siquiera fueron notificados, lo cual los deja en una situación de vulnerabilidad extrema.

Desde el Ejecutivo local estiman que entre 600 y 800 vecinos han sido citados, aunque el número real podría duplicarse. Este escenario motivó la intervención de distintas áreas municipales —como las secretarías de Salud, Gobierno y la propia dirección de Discapacidad— que trabajaron en conjunto para recabar información y elaborar la presentación ante la Justicia.

En el escrito firmado por el intendente se solicita una medida cautelar colectiva que suspenda el operativo de auditoría y cualquier posibilidad de suspensión en el pago de las pensiones no contributivas. “No se encuentran dadas las condiciones mínimas necesarias para desarrollar la auditoría en cuestión”, indica el documento, que además solicita un amparo colectivo para paralizar el procedimiento hasta que se garantice accesibilidad, trato digno y respeto por la situación individual de cada beneficiario.

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Ustarroz recordó que ya en el pasado se vivieron situaciones similares durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se dieron de baja pensiones por errores administrativos y luego se debieron restituir. “No podemos repetir esa historia. El daño que se le causa a una persona con discapacidad y a su familia cuando se le suspende injustamente un beneficio esencial es inmenso”, reflexionó el jefe comunal.

La causa quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar si procede el freno al operativo impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad. En el mientras tanto, la tensión crece en Mercedes ante el temor de que muchas personas vulnerables puedan ser afectadas por un procedimiento que, lejos de brindar soluciones, ha sembrado desconcierto y preocupación.