Sindicatos amenazan con un paro nacional si Cristina Kirchner va presa

El clima político en Argentina se enrarece ante la posibilidad de que la Corte Suprema confirme la condena por corrupción en el caso “Vialidad” contra Cristina Kirchner. La exmandataria fue sentenciada en primera instancia a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Movimientos sociales y sindicatos agrupados en la CGT y la CTA expresaron su preocupación por lo que consideran un proceso de proscripción política y persecución judicial. En este contexto, sectores sindicales como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), SMATA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Legislativo (APL) y la Asociación Bancaria advirtieron sobre la posibilidad de un paro nacional si la Corte confirma la condena contra Cristina Kirchner.

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, señaló que no descartan ninguna medida de fuerza para responder a lo que definió como una judicialización que busca profundizar la persecución política contra la expresidenta. Furlán acusó al Poder Judicial de “atentar contra la democracia” y anticipó una reunión en la sede del Partido Justicialista para coordinar una respuesta conjunta.

Mario “Paco” Manrique, secretario adjunto de SMATA, también cuestionó duramente la posible condena y advirtió que “no se puede permitir que se proscriba la voluntad popular”. Para él, la Justicia intenta imponer lo que no pudo conseguir en las urnas, convocando a quienes respaldan a Cristina Kirchner y su proyecto a permanecer atentos y movilizados.

Desde ATE, su secretario general Daniel Catalano emitió un comunicado titulado “Con Cristina no se jode”, donde denunció que detrás del fallo hay una maniobra política destinada a silenciar a la expresidenta. Catalano afirmó que la condena no responde a criterios jurídicos, sino a una “lógica de venganza”, recordando que tras la derrota electoral y el intento de magnicidio de 2022, ahora buscan callarla mediante una sentencia influenciada por grupos económicos y ejecutada por operadores judiciales.

Con contundencia, Catalano aseguró que la respuesta no será silenciosa ni pasiva, convocando a la sociedad y a la clase trabajadora a movilizarse para impedir lo que calificó como un intento de proscripción y un ataque a la democracia.