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    Se confirmó que Eduardo Flores es parte de la purga

    Quien supo ser jefe de la Unidad Penal 5 hasta su reciente traslado a Trenque Lauquen, fue separado del Servicio Penitenciario. El ministro Di Rocco admitió la superpoblación carcelaria y justificó la sanción a Flores porque un preso tenía un disparo.
    22.08.2004 [+]

    Finalmente el ex jefe de la Unidad Penal 5 de Mercedes, Eduardo Flores, tras su reciente traslado al penal de Trenque Lauquen, fue removido del Servicio Penitenciario Bonaerense por decisión del ministro de justicia, Eduardo Di Rocco, que dispuso una purga de 46 oficiales.
    Según informó el Servicio Penitenciario Bonaerense, un total 46 altos oficiales fueron separados de sus cargos en la última semana por causas graves y deficiencias funcionales y más de 300 oficiales fueron reubicados en distintos penales de la provincia en el marco de la reestructuración de la jefatura de ese servicio.
    Además se admitió oficialmente que la superpoblación carcelaria en Buenos Aires “oscila entre el 20 y el 25 por ciento” y se anunció un plan de construcción y ampliación de penales por 230 millones de pesos.
    Así lo reveló el ministro de justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, en conferencia de prensa, a cuatro meses de haberse dispuesto la intervención del Servicio Penitenciario al detectarse diversos hechos de corrupción interna y sobredimensionamiento de la estructura de la cúpula de la institución.
    El funcionario precisó que además se reemplazó el anterior organigrama penitenciario, que antes tenía 42 cargos, por uno de 23, “donde sólo cinco funcionarios de máxima jerarquía van a participar en la toma de decisiones”.
    Remarcó que este organigrama, que estará a prueba por 90 días, de ser eficaz se convertirá en la nueva ley orgánica del personal, y apunta a “dotar al sistema de una mayor rapidez en el cumplimiento de las órdenes y una absoluta certeza de quiénes son los responsables de cada acción ejecutada”.
    Con respecto a los cambios que implicaron bajas en el Servicio Penitenciario, Di Rocco acotó: “Se ha dispuesto la separación de la fuerza de 46 altos oficiales en el curso de la corriente semana y se han reasignado funciones a 305 agentes penitenciarios, que revistaban en la sede central del Servicio Penitenciario, reasignándolos a distintas unidades penitenciarias”.
    “Hemos terminado con la reestructuración del Servicio Penitenciario. Reemplazamos a 46 personas y dejamos 23 cargos. Esto proporcionará mayor rapidez en la ejecución”, dijo el ministro Di Rocco en una conferencia de prensa.
    El funcionario dijo, en la misma línea, que esta reestructuración del SPB será “puesto a prueba por tres meses y en 90 días modificaremos la nueva ley orgánica del sistema”.
    Por otra parte, Di Rocco anunció la “creación del legajo tutelar, donde se cruzarán datos de los presidiarios y ex presidiarios” para controlar las acciones de unos 38 mil liberados.
    El ministro de Justicia bonaerense informó además que en las cárceles de la Provincia hay más de 24.500 Detenidos, lo que implica “entre un 20 a un 25 por ciento de superpoblación carcelaria”.
    Di Rocco sostuvo, en tanto, que el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires recibió en las últimas semanas “2.700 personas privadas de su libertad provenientes de comisarías del conurbano bonaerense”.
    Por eso, el ministro de Felipe Solá anunció un plan de construcción y ampliación de cárceles con un presupuesto previsto de 230 millones de pesos.
    Según explicó Di Rocco, el proyecto incluye la construcción de alcaidías en los distritos de La Matanza, San Martín, San Isidro, Lomas de Zamora, Quilmes y Junín.
    También está contemplada la construcción de un anexo en la unidad cuatro de Bahía blanca; una nueva unidad en Campana; un anexo femenino en Batán; una alcaidía en Mar del Plata y una nueva unidad en Florencio Varela, entre otros.
    “Así se aliviaría la situación de superpoblación que hoy tenemos en un grado importante en los penales bonaerenses”, concluyó el ministro Di Rocco.

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    Un caso ejemplar
    El ministro expresó que la separación de los altos jefes se adoptó porque algunos de ellos tenían “sanciones por causas graves y otros por deficiencias funcionales”.
    Di Rocco citó el caso del relevo del jefe de la Unidad Penal 5 Mercedes (Eduardo Flores, que luego fue trasladado al penal de Trenque Lauquen) cuando se descubrió que un preso tenía un disparo en el codo, lo que significó “un hecho grave porque está absolutamente prohibido dentro de los penales la portación de armas de fuego con munición de plomo”.
    “Seguiremos trabajando con seriedad buscando optimizar al máximo el servicio, requiriendo la mayor profesionalización”, dijo el funcionario, que no descartó nuevas bajas.
    Di Rocco informó además que “durante estos cuatro meses de trabajo se han adoptado medidas disciplinarias importantes que han significado el relevo de oficiales de la conducción de las unidades 24 de Florencio Varela, la 38 de Sierra Chica, la 5 de Mercedes, 15 de Batán, 23 de Florencio Varela, 11 de Baradero y 3 de San Nicolás”.
    “En esta nueva estructura que se ha diseñado se prevén controles directos por parte de la subsecretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social”, explicó el funcionario al diario El Día de La Plata.

    Descentralización judicial
    El ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, también anunció en la semana la descentralización de fiscalías y defensoría de la provincia de Buenos Aires.
    Di Rocco indicó que este proceso es para “mejorar el servicio de la justicia en la provincia”. El funcionario asumió la intervención del Servicio Penitenciario y dispuso una reestructuración de su cúpula, que pasó de 46 a 23 personas.
    “Esto proporcionará mayor rapidez en la ejecución”, dijo Di Rocco en conferencia de prensa.
    Además comunicó que otros 305 efectivos fueron reubicados en el marco de la intervención de la institución. Di Rocco comentó, en declaraciones radio América de Buenos Aires, que se crearon 40 fiscalías con una estructura de 9 personas cada una. “Es un programa muy importante porque por un lado facilita el acceso de la gente a las fiscalías y acentúa la persecución penal”, afirmó el funcionario.

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