Piden elevar a 12 años la condena de Cristina Kirchner

En un dictamen de trece páginas, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, recomendó a la Corte Suprema modificar la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa conocida como Vialidad. En lugar de los seis años de prisión por administración fraudulenta que dictó en 2022 el Tribunal Oral Federal 2, Casal planteó que la ex mandataria debe ser condenada a doce años por asociación ilícita, un delito más grave que había sido descartado en las instancias previas del proceso.

El escrito, presentado esta semana ante el máximo tribunal, también propone aumentar el monto a decomisar a los condenados, fijándolo en 5.321 millones de pesos, cifra que representa el cálculo actualizado del perjuicio económico causado por la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La medida no solo apunta a la ex presidenta, sino también a otros implicados en la causa, entre ellos el empresario Lázaro Báez y ex funcionarios como José López y Nelson Periotti.

La causa judicial, iniciada hace más de una década, está vinculada a la entrega sistemática de contratos viales a empresas controladas por Báez, en particular Austral Construcciones, favorecida con fondos públicos incluso cuando las obras no registraban avances o presentaban demoras injustificadas. Según la acusación, existió una estructura coordinada desde el Estado nacional para direccionar esas contrataciones, beneficiando a un contratista cercano al poder.

Casal sostuvo que el tribunal oral y la Cámara de Casación erraron al considerar que no existía una pluralidad de delitos que justificara una figura asociativa. Para el procurador, la existencia de un único plan que se mantuvo a lo largo de tres gobiernos, entre 2003 y 2015, constituye precisamente uno de los elementos que definen la asociación ilícita. En su dictamen, criticó que los jueces hayan reducido los hechos a una sola maniobra delictiva, lo que a su juicio “resulta un artificio sin justificación”.

Además, el jefe de los fiscales cuestionó las absoluciones dictadas para otros ex funcionarios, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. En el caso de De Vido, el procurador remarcó que su participación fue activa y decisiva para que se concretara el esquema de desvío de fondos públicos. Afirmó que no solo conocía el plan, sino que fue uno de sus principales organizadores, al disponer recursos presupuestarios para garantizar los pagos a Báez sin contraprestación efectiva de las obras.

El dictamen de Casal ratifica el criterio que habían sostenido los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola durante el juicio oral, así como el fiscal de Casación Mario Villar, quien apeló ante la Corte la decisión de confirmar la condena solo por administración fraudulenta. La postura de Casal, como procurador general interino, no es vinculante, pero suele ser tenida en cuenta por los jueces del máximo tribunal.

A partir de ahora, la Corte Suprema —integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— deberá resolver tanto la apelación de la Fiscalía como los planteos de la defensa de Cristina Kirchner, que insiste en su inocencia. Los abogados de la ex presidenta denunciaron irregularidades en el proceso y plantearon la nulidad del fallo, además de pedir la recusación del juez Lorenzetti por supuesta falta de imparcialidad.

Aunque Cristina Kirchner no tiene una condena firme y por tanto conserva sus derechos políticos, el impacto de la decisión de la Corte podría ser determinante para su futuro, en especial si considera competir electoralmente en 2025. Por ahora, el expediente Vialidad continúa siendo uno de los frentes judiciales más sensibles de su trayectoria, con consecuencias que trascienden lo estrictamente penal y alcanzan la arena política.