Fentanilo contaminado: más de cien muertes y una investigación que sacude la política

Las autoridades sanitarias confirmaron la presencia de bacterias multirresistentes tanto en ampollas como en pacientes, lo que motivó un retiro inmediato del producto en todo el país. La medida se tomó tras la detección de una serie de casos graves, muchos de ellos fatales, que encendieron alarmas en hospitales y clínicas. Vocería Presidencial recordó que la ANMAT ya había sancionado a la firma y, meses atrás, prohibió otro producto del mismo grupo empresarial —Propofol HLB, lote 60000— evitando, según el organismo, un potencial desastre durante intervenciones quirúrgicas.

En paralelo, la causa judicial avanza bajo la órbita del juez federal Ernesto Kreplak, quien dictó imputaciones, prohibiciones de salida del país y embargos. Sin embargo, el Gobierno Nacional anunció que recusará al magistrado por su vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, lo que abrió un nuevo frente de confrontación política entre ambas jurisdicciones.

El comunicado oficial también exigió la detención de Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma, a quien se señala como principal responsable de la distribución del lote contaminado. La empresa, por su parte, rechaza cualquier acusación y sostiene que el origen de la contaminación aún no está probado.

La controversia adquiere un matiz adicional por los antecedentes de HLB Pharma durante la pandemia de COVID-19. La compañía intentó posicionarse como intermediaria en la importación y eventual producción en Argentina de la vacuna Sputnik V. Sus representantes incluso viajaron a Rusia junto a funcionarios nacionales para negociar la precompra, pero el Gobierno terminó desplazándola de ese proceso y cerrando el acuerdo directamente con las autoridades rusas. Aquella gestión quedó marcada por cuestionamientos a la capacidad técnica y a los antecedentes de la firma, lo que hoy reaviva las críticas en medio del actual escándalo.

Mientras se esperan los resultados de peritajes clave y nuevas declaraciones en la causa, la polémica crece. El caso no solo revela fallas en los controles previos a la distribución de medicamentos de uso hospitalario, sino que también expone la fragilidad del sistema frente a episodios que combinan riesgo sanitario, antecedentes polémicos y conflicto político.