La Provincia dejó vencer el convenio de diálisis y expone a miles de pacientes

El sistema de diálisis de la provincia de Buenos Aires ingresó en 2026 sin un marco contractual vigente. El convenio entre el Ministerio de Salud y los prestadores venció el 31 de diciembre y, a la fecha, no fue renovado ni reemplazado por un esquema transitorio. La consecuencia es directa: miles de pacientes quedaron expuestos a un servicio que funciona en condiciones críticas y sin previsibilidad.

La situación no es nueva, pero sí llegó a un punto límite. Desde hace más de un año y medio, los valores que la Provincia reconoce por cada sesión permanecen congelados, mientras los costos operativos crecieron de manera sostenida. A ese desfasaje se suma una deuda acumulada con plazos de pago que superan los seis meses, en un contexto inflacionario que vuelve inviable cualquier planificación. La ecuación es simple y brutal: los centros cobran tarde y cobran mal.

El escenario fue advertido formalmente por las principales entidades del sector, que agrupan a prestadores, profesionales y proveedores de insumos. No se trata de un reclamo sectorial aislado, sino de una comunicación institucional que deja constancia de que renovar el convenio en estas condiciones implicaría llevar a la quiebra a buena parte del sistema. Aun así, la Provincia dejó vencer el acuerdo sin anunciar soluciones, mesas de negociación ni mecanismos de emergencia.

La diálisis no admite interrupciones. No se posterga, no se reprograma y no puede ser reemplazada por otra práctica. Cada paciente necesita sesiones regulares para sobrevivir. Cuando el sistema entra en ruptura, el riesgo no es abstracto ni futuro: es inmediato y concreto. Cualquier reducción de prestaciones, cierre de centros o limitación operativa impacta de manera directa sobre la salud y la vida de las personas.

En el interior bonaerense, el problema se agrava. Los centros trabajan con márgenes aún más ajustados y dependen de una cadena de pagos que hoy está cortada. Si el servicio se resiente, la alternativa es el traslado, la saturación de hospitales públicos nacionales o, directamente, la falta de atención. No hay red de contención preparada para absorber un colapso de este tipo.

Lo más preocupante es el silencio oficial. En los últimos días no hubo comunicados, anuncios ni señales de que el conflicto esté siendo abordado. El vencimiento del convenio no fue acompañado por ninguna medida que garantice continuidad ni certidumbre. En los hechos, la Provincia dejó correr el tiempo y trasladó el costo de esa decisión a los prestadores y a los pacientes.

La diálisis es uno de los tratamientos más sensibles del sistema de salud. Exige regularidad, insumos específicos, personal especializado y una logística aceitada. Dejarlo sin respaldo contractual es una decisión política, no un error administrativo. Hoy, el acuerdo está vencido, los números no cierran y miles de personas dependen de un sistema empujado al límite.

La crisis ya no es una advertencia. Es una realidad en curso. Y mientras no haya una respuesta concreta del Estado provincial, cada día que pasa profundiza una exposición que no debería existir cuando se trata de un tratamiento que define la vida o la muerte.