Nuevos requisitos: productos deberán mostrar dos precios, con y sin impuestos

Durante su campaña electoral, Javier Milei prometió que no aumentaría los impuestos, asegurando que se cortaría un brazo antes de hacerlo. Como Presidente, en el acto del 25 de mayo, reafirmó su compromiso de reducir la carga impositiva siempre y cuando se mantenga el superávit. Aunque el Gobierno aún no ha eliminado tributos, está a punto de dar un paso significativo para demostrar cuánto costarían los productos sin impuestos.

El paquete fiscal, que el Ejecutivo busca aprobar en el Congreso, incluye un Régimen de Transparencia al Consumidor. Este régimen obligaría a los comerciantes a publicar el precio sin impuestos de sus productos, lo que impactaría en supermercados, tiendas de ropa y anuncios web de productos tecnológicos, entre otros.

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Según el artículo 107 del paquete fiscal aprobado en Diputados y con dictamen en la Cámara de Senadores, todos los vendedores que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar el precio final y el precio neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos nacionales indirectos, acompañado de la leyenda “Precio sin impuestos”.

En la práctica, esto significará que un mismo producto tendrá dos precios: el importe final y el “sin impuestos”. Matías Olivero Vila, presidente de la organización Lógica, apoya esta medida porque, según él, ayuda a concienciar sobre la carga tributaria que enfrentan los contribuyentes. “Esto va a servir para visibilizar todos los impuestos”, afirmó.

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Sin embargo, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, opina que aunque la medida es viable, también es engorrosa. “Le pusieron los hexágonos de exceso de azúcar a los productos, ahora faltaría ponerle el de exceso de impuestos”, comentó.

Por su parte, Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), considera que la iniciativa puede funcionar, pero cree que no debería quedarse solo en la exhibición de precios. “El cliente tiene que saber a qué va ese impuesto; dónde está poniendo su plata”, señaló.

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Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) revela que el 41,9% del importe final de los alimentos corresponde a impuestos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estimó que en una naranja, el 38,3% se destina a tributos, mientras que en un durazno el 44,8%. En tecnología, la carga impositiva es aún mayor: el 67% del precio de un teléfono celular corresponde a impuestos.

En otros sectores, los números también son elevados: en indumentaria, el 50,3% del precio cubre impuestos; en muebles, un 50,2%; y en la compra de un auto, la carga fiscal alcanza el 54,8%. Estos “precios sin impuestos” mostrarían cifras menores al importe final, aunque solo incluirían tributos nacionales, dejando fuera las tasas provinciales o municipales.

El texto parlamentario no detalla explícitamente qué impuestos se consideran nacionales e indirectos, lo que deja una zona gris en la regulación. Olivero Vila espera que se aclare esta cuestión cuando se reglamente la norma.

Aunque el Régimen de Transparencia no incluye tasas provinciales o municipales, invita a las jurisdicciones a adoptar la misma medida. La Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) será la encargada de dictar las normas reglamentarias para que, de convertirse en ley, esta iniciativa comience a implementarse en góndolas, vidrieras o sitios web a partir del 1 de enero de 2025.