El presidente Javier Milei formalizó este jueves el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, apenas horas después de la multitudinaria manifestación que congregó a miles de estudiantes y docentes en defensa de la educación pública.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, establece la observación completa del Proyecto de Ley 27.757, que había sido sancionado por el Congreso Nacional el pasado 12 de septiembre. La disposición ordena la devolución del proyecto al Poder Legislativo, efectivamente anulando las modificaciones propuestas para el régimen de financiamiento de las universidades nacionales.

Puede Interesarte:

Los secretos del “helicóptero sanitario” bonaerense: lo que nadie quiere que sepas

En los fundamentos del veto, el Ejecutivo argumenta que la normativa contradice el marco jurídico vigente, citando específicamente el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Este artículo exige que toda legislación que autorice gastos no contemplados en el presupuesto general debe especificar las fuentes de financiamiento, un requisito que, según el gobierno, no se cumple en este caso.

La decisión había sido anticipada a través de las redes sociales oficiales, donde la Oficina del Presidente reafirmó su compromiso con el equilibrio fiscal, advirtiendo que se vetaría cualquier iniciativa que aumentara el gasto público sin la correspondiente previsión presupuestaria.

El decreto también hace referencia al reglamento del Senado, que en su artículo 126 establece la necesidad de incluir estimaciones de gastos y fuentes de financiamiento en todo proyecto que implique erogaciones, subrayando que esta omisión impide el debate parlamentario hasta su subsanación.

Esta medida profundiza el conflicto entre el gobierno nacional y la comunidad universitaria, que ya había manifestado su preocupación por el desfinanciamiento de la educación superior pública a través de una de las movilizaciones más significativas de los últimos tiempos.