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Memoria, verdad y justicia: el debate que incomoda y vuelve a abrirse a 50 años

A medio siglo del 24 de marzo, surgen voces que cuestionan el relato instalado y plantean interrogantes sobre cifras, responsabilidades y libertad de debate. Por Néstor Anito.
18.03.2026 [+]

Por Nestor Anito.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, ¿SELECTIVA?

Otro año en el que se conmemora una de las fechas más polémicas: el 24 de marzo. Este año, además, se cumplen 50 años. Pero, ¿por qué lleva el título de “Memoria, Verdad y Justicia”? Según activistas como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, se trata de no olvidar la dictadura y sus víctimas, reconstruir la verdad de lo sucedido y reclamar justicia a los responsables del proceso.

¿En verdad se cuenta la historia completa o solo un fragmento de ella? Muchos profesionales, como el politólogo Agustín Laje, la Dra. Victoria Villarruel (además hija del teniente coronel Eduardo Villarruel), Juan José Gómez Centurión, veterano de Malvinas y ex carapintada, Aldo Rico, o personas que vivieron la época, sostienen que la versión difundida en actos políticos o incluso en instituciones educativas carece de veracidad.

En primer lugar, critican que las guerrillas no eran más que organizaciones terroristas que sembraban pánico mediante atentados con bombas en jardines, escuelas o bases militares, entre otros objetivos, sin importar quiénes fueran las víctimas. Esto implica que también hubo víctimas en manos de estas organizaciones, como el caso de Paula Lambruschini, quien falleció en un atentado perpetrado por la organización Montoneros en 1978.

En segundo lugar, cuestionan el número de detenidos por el Estado de facto. Si bien se reconoce que hubo víctimas que no participaban en prácticas terroristas, sostienen que la cifra de “30.000” no tiene un sustento argumentativo sólido. Luis Labraña, ex militante de organizaciones como FAR, FAP y Montoneros, afirma que esa cifra se utilizó para obtener apoyo económico en Ámsterdam, ya que el número inicialmente declarado —4.000— no resultaba suficiente. Por ello, se habría elevado a 30.000 para justificar la idea de genocidio. Años después, al revelar esta versión, fue descalificado con términos como “alcahuete” y “buchón”.

También mencionan a otras figuras que cuestionaron esa cifra, como Graciela Fernández Meijide, exintegrante de Abuelas de Plaza de Mayo, quien la redujo a 7.954. A su vez, Raúl Alfonsín sostuvo que el número rondaba los 10.000. Ninguno de estos valores se aproxima a los 30.000.

La tercera crítica apunta a los testimonios de algunos militantes y activistas, que —según estas posturas— habrían sido tergiversados para obtener réditos políticos o incluso beneficios económicos a través de reparaciones del Estado.

Estas tres cuestiones dejan en duda si la historia transmitida en las clases escolares y en los actos oficiales es completa. Cada sector expone su versión, y el interrogante persiste.

Además, se menciona la teoría formulada por el expresidente Raúl Alfonsín, conocida como “la teoría de los dos demonios”, que plantea que no solo el Estado de facto actuó como un agresor contra el pueblo, sino que también lo hizo el accionar subversivo, dejando a la sociedad como víctima de ambos.

Se trata de un tema extremadamente delicado. Quienes sostienen esta mirada consideran que el relato dominante no permite investigaciones que cuestionen ciertos aspectos, como la veracidad de las cifras, y plantean si una reducción numérica implicaría restar gravedad a los hechos, como si 8.000 desaparecidos no constituyeran igualmente una tragedia.

En la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, señalan que algunos docentes promueven el pensamiento crítico en los estudiantes de ciencia política y sociología, alentándolos a cuestionar todo tipo de ideas. Sin embargo, afirman que cuando se intenta investigar este tema en particular, se descalifica a los alumnos tratándolos de “negacionistas” o “fachos”. También mencionan supuestas presiones o amenazas por parte de organizaciones y sectores políticos.

Por otro lado, se cuestiona que sectores como el kirchnerismo y el trotskismo critiquen a la dictadura de Videla mientras, al mismo tiempo, han mantenido vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que algunos comparan con regímenes autoritarios. Esto abre otro interrogante: si la condena es hacia todas las dictaduras o solo hacia aquellas con las que no coinciden ideológicamente.

Se citan también ejemplos históricos, como la admiración de Perón por líderes como Mussolini y Franco, la reivindicación de figuras como Fidel Castro dentro del kirchnerismo, o el apoyo a la Unión Soviética desde Lenin hasta Stalin, incluyendo sus campos de concentración. En ese marco, también se menciona a Ernesto “Che” Guevara y la existencia de campos en Cuba donde, según estas versiones, se recluía a opositores, religiosos, artistas e incluso personas por su orientación sexual.

La verdad no puede ser selectiva, ni tampoco la justicia. No se puede permitir que unos pocos impongan una única versión de los hechos.

Limitar a estudiantes y profesionales en sus investigaciones atenta contra la libertad académica. La ciencia ha avanzado a lo largo de la historia cuestionando y refutando ideas previas. Solo los sectores oscurantistas han reprimido la aparición de nuevos conocimientos.

Como reflexión final, una frase de Mirtha Legrand: “No hay que temer expresarse libremente por miedo a las represalias”.

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