Medicamentos: el PAMI los pagaba hasta 16 veces más caro durante la gestión de Volnovich
La denuncia, que involucra a varios laboratorios farmacéuticos, señala diferencias de precios inexplicables en la adquisición de tratamientos destinados a jubilados afiliados a la obra social.
La presentación judicial, que recayó en el juzgado de la magistrada María Eugenia Capuchetti, apunta contra la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales, así como contra importantes laboratorios, entre ellos Elea Phoenix, GP Pharm, Kemex, Biosidus y Raffo, por presunta defraudación contra la administración pública.
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Un análisis detallado de ocho medicamentos oncológicos, realizado con la colaboración del diputado Hernán Reyes, reveló discrepancias significativas en los precios pagados por el PAMI. La investigación evidencia que estas diferencias carecen de justificación basada en condiciones de mercado o métodos de pago.
El caso más llamativo involucra al laboratorio GP-Pharm, que vendió anastrozol de 1 mg en comprimidos a $13.192 por unidad durante el último trimestre de 2023, mientras que el mismo producto se había adquirido a $924 en una licitación pública del mismo período. Similar situación se registró con la ciclofosfamida de 1000 mg, comercializada a $5.312 por unidad en el tercer trimestre, cuando en el período anterior se había comprado a $1.200.
La denuncia pone bajo la lupa los diferentes mecanismos de compra utilizados por el PAMI, incluyendo el Convenio Marco y las Licitaciones Públicas. Carrió recordó la existencia de un sistema anterior denominado Convenio PAMI-Industria, que garantizaba precios acordados y financiamiento conjunto entre las partes involucradas.
Según la Coalición Cívica, aunque las adquisiciones por Convenio deberían resultar más económicas debido a la negociación directa con las cámaras farmacéuticas, los datos de 2023 muestran un patrón opuesto. Esta situación resulta particularmente preocupante en un mercado donde solo dos o tres laboratorios ofrecen los principios activos necesarios.
La jueza Capuchetti deberá investigar estas presuntas irregularidades, que según la denuncia evidencian una fijación de precios diferenciados de manera deliberada en distintos procedimientos de contratación, afectando directamente los recursos destinados a la atención médica de jubilados.
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