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Jueza suspende la vigencia de la Ley IVE en la provincia de Chaco

La jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de la capital de Chaco hizo lugar a la medida cautelar.

Por Equipo de Redacción MercedesYA
Jueza suspende la vigencia de la Ley IVE en la provincia de Chaco

Una jueza de Chacho hizo lugar este jueves a una medida cautelar presentada por cinco ciudadanas particulares de la provincia disponiendo así ''la suspensión de la aplicación de la Ley N 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en el territorio de la Provincia del Chaco, hasta tanto se resuelva la acción principal, conforme a los considerandos de la presente''. Organizaciones feministas calificaron la medida de “antidemocrática”.

Se trata de la jueza de feria Marta Beatriz Aucar de Trotti, quien se encuentra a cargo del Juzgado en lo civil y Comercial Nº19 de la ciudad de Resistencia.

Al respecto, la abogada tucumana feminista Soledad Deza, se comunicó con el medio Télam y expresó: “Este tipo de cautelares evidencian la trinchera antidemocrática, que suspende el ejercicio de un derecho y la implementación de una política pública sanitaria sin hacer un control mínimo, serio, de admisibilidad y procedencia de la acción”. La letrada fue quien logró que la justicia libere a Belén, la joven que por causa de un aborto espontáneo terminó presa.

Los particulares solicitaron que se declare inconstitucional la norma que fue aprobada hace tan sólo unas semanas en el Congreso y utilizaron como base el artículo 15 inciso 1 de la Constitución de Chaco, la cual garantiza “el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción, a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana”.

La abogada aseguró que la condición de ciudadano “no habilita este tipo de demandas”, y que “La legitimación activa es muy seria en un proceso y está decisión omite ese análisis como también el de inexistencia de caso”.

“Es una vergüenza jurídica propia del activismo conservador que se alía para mudarse al poder judicial cuando perdió en el debate legislativo. Previsible la demanda, pero no deja de sorprender la connivencia judicial”, manifestó Deza.

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