Inédito: el Presidente desacata fallo de la Corte Suprema a favor de la ciudad de Buenos Aires
El gobierno no pondrá en vigencia la medida cautelar que dictó la Corte Suprema para otorgar fondos extra a la Ciudad de Buenos Aires. “El fallo es incumplible”, fue la síntesis del encuentro que mantuvieron Alberto Fernández con gobernadores del Frente de Todos.
La decisión, luego de la reunión entre el presidente y los mandatarios, implica en la práctica desconocer lo resuelto por el máximo tribunal de Justicia que en una medida cautelar, considera “desprolija” por el oficialismo, decidió elevar de 2,32% a 2.95% el porcentaje de fondos que debe girar la Nación al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
En una reunión que se extendió por algo más de una hora, y que tuvo momentos ásperos, Fernández y los gobernadores acordaron que Nación no acatará lo resuelvo por la Corte.
Wado de Pedro fue uno de los que escoltó a Fernández durante la cumbre en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. También estuvieron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.
Los gobernadores que asistieron fueron Kicillof; Gildo Insfrán (Formosa); Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Raul Jalil (Catamarca); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa); y Sergio Uñac (San Juan). Y participaron de manera remota Capitanich; Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
Abogados constitucionalistas plantearon que el Presidente se arriesga a un juicio político. En este sentido, los especialistas en la materia señalaron que, al ser el mandatario nacional la máxima autoridad ejecutiva del país, existe “un grave conflicto de poderes” y su accionar podría encuadrarse “dentro del artículo 36 de la Constitución”, el cual hace referencia a “actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”, por lo que consideró que “es causal suficiente de juicio político” por parte del Congreso.
