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Inédito: el Presidente desacata fallo de la Corte Suprema a favor de la ciudad de Buenos Aires

El gobierno no pondrá en vigencia la medida cautelar que dictó la Corte Suprema para otorgar fondos extra a la Ciudad de Buenos Aires. “El fallo es incumplible”, fue la síntesis del encuentro que mantuvieron Alberto Fernández con gobernadores del Frente de Todos.

Por Equipo de Redacción MercedesYA
Inédito: el Presidente desacata fallo de la Corte Suprema a favor de la ciudad de Buenos Aires

La decisión, luego de la reunión entre el presidente y los mandatarios, implica en la práctica desconocer lo resuelto por el máximo tribunal de Justicia que en una medida cautelar, considera “desprolija” por el oficialismo, decidió elevar de 2,32% a 2.95% el porcentaje de fondos que debe girar la Nación al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

En una reunión que se extendió por algo más de una hora, y que tuvo momentos ásperos, Fernández y los gobernadores acordaron que Nación no acatará lo resuelvo por la Corte.

Wado de Pedro fue uno de los que escoltó a Fernández durante la cumbre en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. También estuvieron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

Los gobernadores que asistieron fueron Kicillof; Gildo Insfrán (Formosa); Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Raul Jalil (Catamarca); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa); y Sergio Uñac (San Juan). Y participaron de manera remota Capitanich; Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

Abogados constitucionalistas plantearon que el Presidente se arriesga a un juicio político. En este sentido, los especialistas en la materia señalaron que, al ser el mandatario nacional la máxima autoridad ejecutiva del país, existe “un grave conflicto de poderes” y su accionar podría encuadrarse “dentro del artículo 36 de la Constitución”, el cual hace referencia a “actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”, por lo que consideró que “es causal suficiente de juicio político” por parte del Congreso.

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