Un nuevo capítulo se abre en la política argentina tras la reciente declaración de Fabiola Yañez ante la justicia. La exprimera dama, en una extensa audiencia de casi cuatro horas, ha proporcionado información que podría desencadenar imputaciones contra exfuncionarios de alto rango, incluyendo al expresidente Alberto Fernández.

El testimonio de Yañez, interrumpido en dos ocasiones, se ha convertido en el eje central de una investigación que promete remover los cimientos del anterior gobierno. Los investigadores, armados con los detalles proporcionados, se preparan para formalizar la imputación contra Fernández, acompañada de una serie de medidas probatorias que la propia Yañez se ha comprometido a suministrar en los próximos días.

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La defensa del exmandatario, encabezada por la letrada Silvina Carreira, no ha tardado en reaccionar. Presentó una apelación argumentando irregularidades en el proceso, al no permitirse la participación de la defensa durante la declaración de Yañez. Sin embargo, el juez Julián Ercolini desestimó rápidamente este recurso, considerándolo improcedente sin ahondar en sus fundamentos.

El caso se ramifica hacia otras figuras del entorno presidencial. María Cantero, exsecretaria privada de Fernández, podría ser citada como testigo. Su conocimiento de los presuntos incidentes de violencia, evidenciado en conversaciones relacionadas con seguros, la posiciona como una pieza clave en el rompecabezas judicial.

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Pero quizás el giro más sorpresivo involucra a Ayelén Mazzina, exministra de las Mujeres, Diversidad y Género. Las declaraciones de Yañez sugieren que Mazzina habría tenido conocimiento de situaciones de violencia, incluyendo evidencia fotográfica de lesiones sufridas durante un viaje a Brasil. Esta revelación podría derivar en un expediente separado por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público.

Mazzina, por su parte, ha negado categóricamente tener conocimiento previo de la situación y se ha mostrado dispuesta a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos, subrayando la importancia de no banalizar la violencia de género.

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La fiscalía, encabezada por Ramiro González, ha hecho hincapié en la necesidad de preservar la privacidad de Yañez. La grabación de su declaración ha sido resguardada, y se ha instado a la discreción respecto a su contenido, especialmente tras la filtración de información sensible sobre problemas personales de la exprimera dama.

Este caso, que promete sacudir el escenario político argentino, pone de manifiesto la compleja intersección entre la vida privada de las figuras públicas y sus responsabilidades oficiales. Mientras la justicia avanza en su investigación, la sociedad argentina observa atentamente el desarrollo de un proceso que podría redefinir los límites de la accountability en los más altos círculos del poder.