El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich, presentó una solicitud de medida cautelar ante la Justicia para embargar los bienes de los manifestantes que causaron destrozos en los alrededores del Congreso durante las protestas por la Ley Ómnibus. La petición busca que los responsables asuman los costos del operativo y la atención médica de los uniformados heridos.

La medida, impulsada por la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, reclama que, una vez identificadas las personas y organizaciones responsables de los disturbios, se ordene el embargo de sus bienes para cubrir los gastos del operativo. Según el documento entregado a la Justicia, los costos del Estado ascienden a $134.5 millones, incluyendo despliegue de Gendarmería, Prefectura, PSA y Policía Federal.

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El Gobierno detalla que el despliegue de Gendarmería demandó $55.5 millones, la Prefectura Naval Argentina $45.9 millones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) $0.55 millones, y la Policía Federal Argentina $32.4 millones. La solicitud argumenta que las fuerzas de seguridad intervinieron para preservar el funcionamiento del Congreso y proteger a diputados y funcionarios, enfrentándose a disturbios y violencia entre el 31 de enero y el 2 de febrero.

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Esta acción se suma a anteriores reclamos del Ministerio de Seguridad, que exigió a organizaciones como el Polo Obrero, el Sindicato de Camioneros y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) asumir los costos de operativos relacionados con manifestaciones. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también presentó una denuncia penal para investigar los destrozos en el Congreso tras la aprobación de la Ley Ómnibus.