Escándalo en el transporte bonaerense: procesaron a exministro de Kicillof por lavado y le trabaron un embargo millonario

La crisis que atraviesa el área de Transporte bonaerense sumó un capítulo decisivo. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al exministro Jorge D’Onofrio por lavado de activos y dispuso un embargo de $350 millones sobre su patrimonio. La resolución se conoció tras meses de investigación, en los que la Justicia buscó reconstruir el entramado económico que habría permitido al dirigente del Frente Renovador disimular bienes y operaciones financieras.

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D’Onofrio había dejado el gabinete de Axel Kicillof cuando estalló el caso que lo puso bajo la lupa. Ahora, la causa avanza también sobre Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control, quien fue procesado por su presunto rol como testaferro del entonces ministro. Según la investigación, Asensio actuaba como interpuesto registral, registrando bienes a su nombre para ocultar la verdadera titularidad.

El dato más llamativo surgió a partir de la compra de una camioneta Audi Q8. El vehículo aparecía inscrito a nombre de Asensio, aunque era utilizado por D’Onofrio. El juez calificó la maniobra como un esquema típico de disimulación patrimonial. El funcionario de tercera línea intentó justificar la operación mediante un contrato de mutuo por una suma millonaria con una empresa inmobiliaria vinculada a su familia, pero ese documento no convenció al magistrado. Para complicar aún más la situación, Asensio simuló luego la venta de la camioneta tras la confirmación de la competencia del juzgado de Campana.

Los investigadores detectaron que la transacción se llevó a cabo en el Hotel Sheraton de Pilar, un sitio que ya había sido objeto de allanamientos en otras causas que involucran a financieras y firmas sospechadas de participar en operaciones irregulares. Ese detalle reforzó la hipótesis de que el vehículo formaba parte de una ingeniería destinada a ocultar activos.

La causa ganó dimensión internacional cuando llegaron datos desde España. Una dirigente cercana a D’Onofrio, la concejal de Pilar Claudia Pombo, había constituido sociedades junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi para explotar restaurantes en Madrid bajo los nombres Tardeo Pacífico y Tardeo Soho. Las sociedades fueron dadas de baja después del estallido del escándalo, lo que llamó la atención de los investigadores.

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La trama no se agota allí. D’Onofrio ya enfrentaba cuestionamientos por presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas de la provincia, que involucrarían a gestores que ofrecían la “desaparición” de infracciones a cambio de pagos con descuentos de hasta el cincuenta por ciento. A esa línea se suma otra investigación sobre las adjudicaciones del servicio de Verificación Técnica Vehicular, donde siete empresas habrían quedado obligadas a contratar a una firma vinculada a exfuncionarios del Ministerio de Transporte.

La Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, también trabaja sobre el patrimonio del exministro, de Pombo, del exjuez Quattrochi y de un grupo de personas presuntamente vinculadas a la red. El avance coordinado de distintas áreas da cuenta de la envergadura de la causa, que combina movimientos financieros, posibles testaferros y operaciones tanto en el país como en el exterior.

Mientras el expediente sigue su curso, el caso se instala como uno de los escándalos más delicados que enfrenta la estructura provincial en los últimos años. La investigación continúa y la Justicia anticipó que no descarta nuevas medidas.