El Gobierno avanza en su plan motosierra: cierra dos entidades estatales y despide a 900 empleados
En línea con su política de austeridad, el Gobierno clausura dos oficinas gubernamentales, eliminando 900 puestos de trabajo. Las medidas apuntan a un ahorro significativo, pero generan controversia.
El Gobierno de Argentina prosigue con su estrategia de racionalización del gasto estatal, sumando dos nuevas instituciones a la lista de entidades clausuradas. En esta ocasión, el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar serán disueltos, provocando la cesantía de 900 trabajadores, según informó el portavoz presidencial Manuel Adorni.
“Después de un exhaustivo análisis de datos alarmantes, estos organismos, que en conjunto empleaban a 964 personas, serán reducidos a una dirección con apenas 64 empleados. Esto supondrá la eliminación de 900 puestos de trabajo y un ahorro estimado en 9000 millones de pesos”, expresó el funcionario durante su habitual encuentro con los medios de comunicación.
Adorni justificó esta drástica medida, que llevará a cabo el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, señalando la necesidad de poner fin a lo que calificó como “derroche en el gasto público”. “Estos organismos contaban con 160 delegaciones, dos sedes regionales y una abrumadora proporción de empleados designados como delegados. Además, destinaban el 85% de su presupuesto al pago de sueldos, convirtiéndose prácticamente en una agencia de empleo político”, detalló.
El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, creado mediante el decreto 729/2022 durante la gestión de Alberto Fernández, bajo la dirección de Miguel Gómez, un afiliado al Movimiento Evita con estrechos vínculos con Emilio Pérsico, era un organismo descentralizado con autonomía financiera que operaba en el ámbito de la agricultura familiar.
Las decisiones tomadas por el Gobierno, aunque encaminadas hacia la reducción de gastos, han generado preocupación y cuestionamientos por parte de sectores sociales y políticos, quienes cuestionan el impacto que estas medidas puedan tener en las comunidades agrícolas y en los sectores más vulnerables de la sociedad.
