El conflicto surgió a raíz de modificaciones en la ordenanza fiscal e impositiva, que buscaban actualizar un esquema vigente desde los años 80. Sin embargo, los cambios implementados derivaron en desfasajes que impactaron directamente en los costos de los productores. Según Fagundez, “cuando vimos los desfasajes tratamos de llevar rápidamente tranquilidad a los productores, sabiendo que siempre, a través del diálogo, hemos podido llegar a buenos términos”.

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El reclamo del sector rural provocó una serie de reuniones con el municipio, donde participaron representantes de la Sociedad Rural, equipos técnicos del área de Hacienda e incluso concejales radicales. Como resultado, se reformularon las tasas y se incluyeron bonificaciones según la cantidad de hectáreas de cada productor. Además, el municipio anunció la devolución de los montos cobrados de más en las primeras cuotas mediante créditos fiscales a partir de la tercera cuota.

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Fagundez destacó la disposición al diálogo y la rapidez con la que se abordó la problemática: “El equipo de economía, junto con el intendente, nos recibió, entendió la cuestión y reformuló el sistema para que los valores estén en línea con lo que se paga en otros distritos”.

Desde el municipio, el secretario de Hacienda, David Valerga, reconoció los errores en la implementación de los cambios y explicó que se debió ajustar la fecha de vencimiento y establecer un nuevo cuadro tarifario consensuado. Según Valerga, “lo más importante es haber trabajado en conjunto para llegar a este acuerdo y afirmarnos en el camino del diálogo y el consenso”.

El episodio dejó en evidencia la capacidad de organización del sector rural para defender sus intereses, así como la importancia de contar con mecanismos de diálogo efectivos para resolver conflictos que afectan la producción. Aunque el problema fue resuelto, queda planteada la necesidad de mayor rigurosidad en la implementación de cambios fiscales que impactan de manera directa en los contribuyentes.