Denunciaron a la titular del PAMI por incorporar a 200 empleados sin exigirles el título secundario

El jueves pasado se conoció la resolución 2022-263 del PAMI mediante la cual se dispone el pase a planta permanente de 206 trabajadores que ya tenían un contrato temporal. Se hará efectiva a partir del 1 de abril.

Entre sus fundamentos, la titular del PAM, señaló que “es necesario dotar a este Instituto de los recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico–asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe prestar cobertura”.

Sin embargo, la denuncia fue por una de las exigencias detalladas en las políticas de ingreso al Estado: la terminalidad educativa secundaria. Ante ello, Volnovich se justificó al sostener que “la retención y terminalidad de estudios continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas educativos de América Latina”.

Y agregó que “la necesidad y el derecho al trabajo en las y los jóvenes es el factor de preponderancia”. En ese punto aseveró que la presentación del título secundario “deviene en una barrera formal que atenta contra el derecho de acceso a condiciones dignas y equitativas de trabajo”.

La solución que optó la directora del PAMI reservar el puesto del empleado que no tenga su título secundario “por un término de hasta 365 días corridos desde el día de inicio del ciclo lectivo del año siguiente al de su designación”.

Mientras tanto, aseguró, “la persona trabajadora continuará prestando tareas bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, hasta tanto se den por cumplidas las exigencias para obtener ese título secundario”.

Así las cosas, la legisladora Campagnoli denunció la situación este martes ante la justicia federal y sostuvo que “se ha violado el principio de igualdad en el acceso a la función pública, el cual podría haber sido garantizado mediante la apertura de un concurso que permita a personal experto e idóneo en la materia acceder a los respectivos cargos públicos”, según consignó Clarín. Por el contrario, continúa, “se restringe el acceso seleccionando arbitrariamente personas que incluso no cumplen los mínimos requisitos legales (tal como poseer en título secundario) para desempeñar las funciones que le sería asignadas”.

En esa línea acusó a la titular del PAMI de ejercer “abuso de su función con el único fin de beneficiar a personas que no poseerían los requisitos necesarios para acceder a cargos públicos, y que cuyo único mérito o muestra de idoneidad sería ser militantes del partido al que Volnovich pertenece”.

Y finalizó, “recurre a personal carente de idoneidad o conocimiento técnico, lo que no solo sería un desbaratamiento de los fondos estatales asignados a dicho programa, sino que devendría en un perjuicio contra los afiliados (en su mayoría jubilados, discapacitados y pensionados que se encuentran en situación de precariedad)”.