Cristina Kirchner: condena confirmada e inhabilitación perpetua

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó de manera unánime la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por su participación en la conocida causa Vialidad. La decisión, que ya fue comunicada oficialmente, rechaza el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de la exmandataria, con lo que queda firme la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El fallo ratifica lo dictaminado inicialmente por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y posteriormente validado por la Cámara Federal de Casación Penal, en un proceso que investigó la comisión del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. La Corte, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que no se vulneraron derechos constitucionales esenciales, como el debido proceso, la defensa en juicio o el principio de legalidad, tal como había planteado la defensa.

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Este pronunciamiento pone fin al camino judicial de uno de los casos más relevantes de las últimas décadas en la política argentina. El expediente, registrado con el número 2833/CSJN, gira en torno al presunto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz a favor de empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, amigo personal del matrimonio Kirchner.

La denominada causa Vialidad investigó la adjudicación de 51 obras entre 2003 y 2015 por un monto superior a los 46 mil millones de pesos. Los contratos, según la acusación, fueron manipulados para beneficiar a Báez, a través de licitaciones amañadas, sobreprecios, pagos por trabajos incompletos o directamente inexistentes y ausencia de controles estatales. Para los fiscales y jueces intervinientes, detrás de ese mecanismo operaba una estructura de corrupción organizada desde el Poder Ejecutivo.

La investigación judicial tomó fuerza a partir de una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, bajo la conducción de Javier Iguacel. El informe reveló que cerca del 80% de la obra pública vial en Santa Cruz había sido adjudicada a firmas del grupo Báez, en especial Austral Construcciones, en condiciones notablemente más ventajosas que las habituales. La denuncia original había sido presentada por la diputada Elisa Carrió en 2008, pero recién ocho años después el caso avanzó de manera decisiva.

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Con este fallo, la Corte da por concluido un largo proceso judicial y político. La expresidenta, dos veces electa por el voto popular, ahora enfrenta la imposibilidad legal de volver a ejercer cargos en la administración pública. Más allá del impacto institucional, la decisión sella uno de los capítulos más significativos en la historia reciente de la Justicia argentina.