Reforma laboral: el Gobierno analiza cambios en las jornadas, indemnizaciones y convenios por empresa

Aunque el proyecto aún no fue presentado formalmente, distintas declaraciones de funcionarios y textos legislativos previos permiten anticipar sus principales ejes: jornadas extendidas, pago de indemnizaciones en cuotas, aumentos salariales ligados a la productividad y convenios por empresa en lugar de por actividad.

La iniciativa busca “modernizar” el sistema de trabajo argentino. Sin embargo, especialistas mantienen posiciones enfrentadas sobre su impacto real en la creación de empleo. Según datos del INDEC, la informalidad laboral alcanzó en el segundo trimestre de 2025 al 43,2% del total de puestos, un aumento de 1,6 puntos en un año.

Entre los puntos que analiza el Ejecutivo figura la posibilidad de establecer **acuerdos de trabajo por empresa**, reemplazando los convenios colectivos nacionales. El secretario de Trabajo, Jorge Cordero, explicó que el objetivo es adaptar las condiciones laborales a la realidad de cada firma y región. En paralelo, se evalúa limitar la llamada “ultraactividad”, que mantiene vigentes los convenios hasta que se negocia uno nuevo, lo que implicaría la caducidad automática de adicionales como antigüedad o zona desfavorable.

Otra de las modificaciones contemplaría **extender la jornada laboral** de las actuales ocho horas hasta un máximo de doce. El proyecto de ley presentado por la diputada libertaria Romina Diez plantea además la posibilidad de dividir las vacaciones en períodos más cortos, con un mínimo de una semana. Analistas como Joan Manuel Vezzato, del think tank Fundar, advierten que una jornada de doce horas implicaría “una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas” al reducir el pago de horas extras.

El esquema salarial también podría modificarse con **aumentos atados a la productividad**, en reemplazo del sistema de paritarias centralizadas. Cordero planteó que “se necesitan elementos objetivos que reflejen la eficiencia de cada trabajador”, proponiendo incrementos dinámicos según el desempeño y las metas alcanzadas.

En cuanto a las indemnizaciones, la propuesta permitiría que las PyMEs **paguen juicios laborales en cuotas**, de hasta doce mensualidades consecutivas. Además, se busca reactivar el Fondo de Cese Laboral, un mecanismo de aportes mensuales destinado a cubrir futuros despidos, que hasta el momento no tuvo implementación efectiva.

El proyecto incluye también **incentivos fiscales** y beneficios aduaneros para fomentar la contratación y nuevas inversiones. Entre ellos, la devolución anticipada del IVA y bonos de crédito fiscal para empleadores que formalicen trabajadores.

Los defensores de la reforma sostienen que reducirá la informalidad y alentará la creación de empleo. Sin embargo, economistas y especialistas en derecho laboral advierten que la flexibilización no necesariamente genera trabajo formal en un contexto de recesión.

Santiago Bulat, de IDEA e Invecq, señaló que “la reforma ya se dio de hecho”, con un crecimiento del 42% del trabajo independiente desde 2012 frente a solo un 3% del empleo asalariado formal. A su juicio, “los altos costos de contratación explican la persistente informalidad”. En cambio, Vezzato sostiene que “la flexibilización solo consolida la precariedad estructural del mercado laboral”.

El debate recién comienza. Con un Congreso renovado y una oposición fragmentada, el Gobierno buscará ahora consensos para avanzar con una ley que promete volver a poner en discusión el equilibrio entre competitividad, derechos laborales y calidad del empleo.