Pymes e industrias afectadas por la pandemia podrán renegociar sus contratos con las eléctricas

El Gobierno bonaerense dispuso que las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus y la cuarentena puedan renegociar y pagar en cuotas la potencia eléctrica contratada con las distribuidoras y cooperativas de la provincia, con efecto retroactivo a marzo.

La medida se adoptó a través de una resolución del Ministerio de Infraestructura bonaerense, que dispuso que los grandes usuarios de energía (Pymes, comercios e industrias) de los que se constate que fueron afectados por la emergencia sanitaria podrán posponer el pago de la potencia contratada, abonar la factura en cuotas e incluso solicitar su incorporación a una categoría inferior.

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Los grandes usuarios son aquellos que por su consumo debieron contratar instalaciones especiales con las empresas distribuidoras de energía. Para ello, las empresas firman un contrato comprometiéndose a utilizar cierta cantidad de Kw mensuales: si usan menos, deben abonar el total comprometido, pero si utilizan más son pasibles de sanciones.

En la provincia de Buenos Aires existen 160 mil grandes usuarios de energía. Como a raíz de la cuarentena muchas firmas debieron suspender o reducir sus actividades (incluso algunos rubros siguen hoy cerrados), plantearon sus quejas ante los organismos de control, alegando que se trató de razones de “fuerza mayor” que los obligaba de todos modos a abonar energía que no consumieron.

Según se informó oficialmente, los ministerios de Infraestructura y Producción indicarán aquellas actividades económicas y localizaciones que por consecuencia de la pandemia hayan disminuido sus actividades y en esos casos se establecerá un tratamiento diferencial en la facturación, que contemplará a la potencia realmente registrada o consumida.

La medida, que será retroactiva a marzo, dispone que quienes se hayan visto afectados por la pandemia puedan pedir una recategorización a una potencia menor que se ajuste a los consumos realizados durante la cuarentena. Eso sí: luego deberán permanecer un año en esa situación, por lo que si consumen más potencia podrían ser multados.

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También se ofrece a las empresas la posibilidad de abonar en cuotas sus obligaciones vencidas para seguir manteniendo la misma categoría, aunque no hayan utilizado la potencia contratada. O incluso volver a una categoría de usuario residencial, si deciden suspender las actividades por un tiempo más prolongado (DIB)