El ataque, perpetrado en julio de 1976 durante la dictadura militar, es considerado por la Justicia como una grave violación a los derechos humanos. Por este motivo, el delito se encuentra excluido de la prescripción, lo que permite avanzar con la causa casi cinco décadas después.

En su fallo, la Cámara Federal señaló a Firmenich como el máximo responsable de la organización del atentado, lo que justifica la orden para su indagatoria. El ataque, que provocó una masacre en un contexto de extrema violencia política, ha sido objeto de múltiples debates históricos y jurídicos, especialmente por su impacto en víctimas civiles y agentes policiales.

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Este avance judicial reaviva las discusiones sobre los crímenes cometidos en el marco de la violencia política de los años 70 en Argentina y la necesidad de esclarecer responsabilidades. El caso se presenta como un desafío para el sistema judicial, que debe abordar delitos del pasado bajo el marco de los derechos humanos.

La citación de Firmenich representa un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por uno de los hechos más trágicos de aquella década, marcado por la confrontación entre el terrorismo de Estado y las organizaciones armadas.