Nuevas autoridades en la Universidad Nacional de Luján

Amalia Testa dejó el decanato del Departamento de Ciencias Sociales para ocupar el cargo de rectora, y Carlos Rodríguez -que resultó elegido concejal por el PJ en los comicios de octubre- gambeteó su compromiso con el electorado de Luján y ganó el sillón de vicerrector, desde donde asegura podrá hacer más cosas por esta ciudad que sentado en una banca del recinto deliberativo.
Amalia Testa reemplazó al licenciado Antonio Lapolla, quien se desempeñaba como rector de la casa de estudios. Lapolla llevó adelante dos gestiones consecutivas junto a Norberto Krymkiewicz (vicerrector).
Dado que Testa es esposa del ex titular del rectorado, la renovación de autoridades evidencia que sólo se trató de un enroque conyugal (las críticas ante el acto de nepotismo no fueron pocas), y que en la UNLU no habrá demasiados cambios.
Las nuevas autoridades no tendrán un camino sencillo por recorrer. Entre otros puntos deberán luchar contra el creciente deterioro que sufre la educación pública en la Argentina, manejar un magro presupuesto para el funcionamiento de la universidad y hacer frente a la amenaza de arancelamiento.
Y no sólo esto. Tendrán la responsabilidad de solucionar los problemas detectados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la casa de estudios, que fueron detallados en un informe realizado a lo largo de 2001. Dicho informe iba a ser presentado en la última asamblea universitaria, que finalmente no se realizó por falta de quórum.
Según se desprende del análisis efectuado por la UAI, muchos de los aspectos relevantes detectados durante el año 2001 se encuentran en proceso de regularización.
Por otro lado, el organismo aclara que “cada uno de estos puntos proviene de un análisis de las actuaciones que a veces suele llevar meses, y se encuentran dentro de un contexto que debe ser tenido en cuenta antes de emitir opinión sobre los mismos”. A continuación se detallan algunos de las observaciones realizadas:
* Presupuesto: la UAI detectó incumplimiento del artículo 26 de la ley 24.156 (presupuesto 2001 sin aprobar por el Consejo Superior de la casa de estudios al 15 de septiembre de 2000) e incumplimiento del artículo 27 de la misma ley. En tanto, llamó la atención acerca de la falta de un documento que avale la formulación de un presupuesto. “No se describen objetivos, metas, necesidades que originan el presupuesto”, señala.
* Bienes patrimoniales. Se detectó falta de relevamiento permanente por parte de la Dirección de Administración Patrimonial e inexistencia de perfeccionamiento de la escritura traslativa de dominio de los bienes del I.N.E.F.
* Compras y contrataciones: el organismo halló que falta planificación anual en las compras de la universidad. Y además, entre otras cosas: extemporánea intervención del Departamento de Contrataciones en los procesos de contratación debido, en la mayoría de los casos, a la falta de previsión de los distintos sectores solicitantes de necesidades, originando compras de urgencia; incorrecto encuadramiento de algunas contrataciones, o falta del mismo; falta de normativa acerca de la cantidad de presupuestos exigidos según el monto de cada contratación.
* Personal docente y no docente: Falta de un sistema confiable de control de ingreso y egreso del personal docente, no docente, contratado y autoridades superiores; falta de registros adecuados para determinar los agentes en condiciones de acceder al sistema jubilatorio; incumplimiento de dedicaciones docentes; falta de estructura formal aprobada por autoridad competente y falta de evaluadores desempeño y calificaciones del personal, entre otras cosas.
* Contabilidad y rendición de cuentas: Errores de exposición y valuación en los Estados Contables de la Universidad que debe ser presentado ante la secretaría de Educación Superior para su posterior evaluación a la Contaduría General de la Nación; no emisión de informe y asientos de ajuste luego de cada conciliación bancaria; gran cantidad de anticipos emitidos sin su correspondiente rendición, que datan desde 1997; atrasos significativos en las rendiciones de algunos subsidios de investigación, además de otros puntos.
* Becas estudiantiles: Falta de Acto Administrativo que modifique el monto individual de las becas, por lo que se provocó una grave discordancia entre los montos efectivamente fijados por el reglamento con respecto a los montos efectivamente pagados. De este modo, la UAI indica que como lo establece una resolución (C.S. 273/99) se debería liquidar el 50 por ciento de los valores que actualmente se liquidan. “Por tal motivo se deberá modificar la citada resolución adecuándola a los valores efectivamente liquidados”. Por otro lado, señala la “falta de documentación en el expediente o inclusión extemporánea de la misma”.
La UAI establece que el ambiente de control de la UNLU “resulta satisfactorio”, marcando como principales debilidades “la inexistencia de un plan estratégico que abarque el período de gestión, el que deberá ser diseñado y aprobado por el Consejo Superior; la inexistencia de un plan operativo anual; la ausencia de manuales de procedimiento en algunas áreas”, y “la no aplicación de la normativa correcta, muchas veces por causa del desconocimiento o de la falta de capacitación del personal a cargo de ejecutar las tareas”.
También tiene en cuenta la crisis por la que atraviesa el país que “traducida en recortes presupuestarios, cambios de ministros, déficit cero, incertidumbre acerca del presupuesto y el normal desarrollo de las tareas académicas, multiplica los problemas de la Universidad, reflejándose en la gestión de las tareas que cada agente de la Universidad debe desarrollar”.