Los concejales de UxP proponen la creación del Banco Municipal de Alimentos con mercadería decomisada

En un contexto marcado por la necesidad imperiosa de garantizar el derecho humano a la alimentación, el Municipio de Mercedes se encuentra ante un desafío sin precedentes. Inspirados en el compromiso constitucional y en la premisa de solidaridad, surge la iniciativa de crear el Banco Municipal de Alimentos como un baluarte contra la crisis que aqueja a parte de la población local.

El proyecto de ordenanza presentado por el bloque de concejales de Unión por la Patria, que podría ser tratado este lunes sobre tablas, establece las bases para la creación y funcionamiento del Banco Municipal de Alimentos.

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Entre las medidas propuestas se encuentra la designación del Departamento Ejecutivo Municipal como actor principal en la organización del banco, así como la conformación de un Consejo Directivo multidisciplinario que supervisará su funcionamiento.

En consonancia con el propósito de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos distribuidos, el proyecto de ordenanza contempla la posibilidad de incorporar al Banco Municipal de Alimentos aquellos productos decomisados por las autoridades municipales durante procedimientos de control y fiscalización. Para tal fin, los productos decomisados deberán ser clasificados y distribuidos con la celeridad necesaria a los efectos de impedir la descomposición o vencimiento de los alimentos y de paliar las urgentes necesidades de los beneficiarlos.

Consultados, el bloque de Concejales de La Libertad Avanza (LLA) expresó su disconformidad respecto a la propuesta que otorgaría al poder ejecutivo la facultad de decomisar mercadería de privados: “En un contexto donde una parte significativa de la economía local, como puede ser en los almacenes de barrio, opera en la informalidad, esta medida podría representar un riesgo para la propiedad privada, al conceder discrecionalidad al ejecutivo”. Además, señalan que el gobierno nacional ha incrementado las ayudas sociales por encima de la inflación, lo que cuestiona la necesidad de estas acciones que consideran contrarias a la propiedad privada.

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En otro orden de cosas, también expresan su preocupación por los registros propuestos en el proyecto, que incluyen información sobre personas y agrupaciones en situación de vulnerabilidad. Consideran que esta medida podría estigmatizar a estos sectores y “va en contra de la voluntad de la mayoría, que busca eliminar intermediarios políticos”. Ven con recelo el rol de la municipalidad como un nuevo intermediario, temiendo que “estas acciones reproduzcan la multiplicación de la pobreza en lugar de solucionarla, como se evidenció en los últimos 20 años de gestión”.