La persistente realidad del trabajo infantil en Argentina

El 12 de junio es una fecha que invita a la reflexión y concienciación global sobre el trabajo infantil, una violación flagrante de los derechos humanos. La erradicación de esta problemática plantea preguntas cruciales: ¿cómo eliminarlo? ¿Por qué es vital visibilizar esta situación? ¿Cuáles son las consecuencias y secuelas del trabajo infantil?

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) reportó que, para el segundo semestre de 2022, el 14,8% de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años en el país realizaban algún tipo de trabajo infantil. Este fenómeno afecta física, mental, social y moralmente a los menores, además de interferir en su educación. Actualmente, se estima que 1.400.000 niños en Argentina están involucrados en trabajos que comprometen su bienestar, lo que equivale a uno de cada diez.

El estudio del ODSA, que abarca el período 2010-2022, indica que el trabajo infantil alcanzó su punto máximo en 2010, con un 19,1%. En contraste, el mínimo se registró en 2020, con un 5,3%, reflejando el impacto de la cuarentena por COVID-19. Entre 2021 y 2022, en un contexto de normalización, el trabajo infantil aumentó 7,1 puntos porcentuales, mostrando que esta problemática persiste en el siglo XXI y requiere acciones decididas para su erradicación.

El trabajo infantil no puede desvincularse de la realidad social de millones de familias. Según la UCA, para el primer trimestre de 2024, el 55,5% de la población vive en pobreza, y el 17,5% en indigencia. UNICEF añade que la pobreza infantil alcanza el 70,8%, con un 34% en extrema pobreza. Aunque estas cifras no justifican la violación de derechos, sí explican parte del contexto en el que ocurre el trabajo infantil.

El fenómeno es más frecuente en situaciones de pobreza, analfabetismo y alta informalidad laboral. Los niños en estas condiciones enfrentan múltiples violaciones de sus derechos básicos, y el trabajo infantil es solo una de ellas. Las zonas rurales concentran el 60% del trabajo infantil en Argentina, reflejando una necesidad urgente de intervención.

Es esencial implementar un Plan Nacional que integre políticas públicas transversales para proteger a los menores. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugiere que los Estados garanticen un ingreso básico para las familias, acceso adecuado a la salud, cumplimiento escolar y un sistema de protección social robusto. Además, es vital una economía dinámica que ofrezca empleos dignos y bien remunerados para los padres.

Argentina cuenta con la Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente desde 2008. En 2023, el país fue reconocido como “País Pionero” de la Alianza 8.7, por su compromiso con la erradicación del trabajo infantil. La reciente resolución 1570/2023 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aprobó el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2024-2028, el cuarto de su tipo.

Aldeas Infantiles SOS Argentina destaca la urgencia de un plan nacional efectivo contra el trabajo infantil, que no solo garantice los derechos de los niños, sino que también contribuya al desarrollo social integral. Un marco estratégico coordinado, que involucre a instituciones gubernamentales, ONG y comunidades locales, es crucial. Políticas claras, medidas de prevención, sistemas de monitoreo y mecanismos de intervención pueden reducir significativamente la incidencia del trabajo infantil, permitiendo a los niños disfrutar de su infancia y acceder a una educación de calidad en un entorno seguro y saludable.