La jueza Andrade activó la puerta giratoria y liberó a 114 detenidos tras incidentes en el Congreso

En un fallo que generó conmoción en el ámbito político, la jueza Karina Andrade decidió liberar a la totalidad de los 114 detenidos durante los violentos incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso Nacional. La magistrada fundamentó su resolución en lo que describió como serias deficiencias en la información proporcionada por las fuerzas de seguridad, calificándola como “absolutamente deficitaria” respecto a las circunstancias y motivos de las detenciones.

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“No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a 'los hechos del Congreso de la Nación'. Tampoco se aclararon las circunstancias ni los motivos con algún tipo de detalle”, expresó Andrade en su resolución, a la que tuvo acceso este medio. La jueza agregó que la información recibida se tornaba “más imprecisa” a medida que llegaban los reportes policiales, careciendo de datos fundamentales como horarios específicos de las detenciones y los delitos concretos imputados.

La decisión provocó un inmediato rechazo por parte del gobierno nacional. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó su descontento declarando: “Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”. En contraste, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que más de la mitad de los liberados presentan graves antecedentes penales y que cuentan con pruebas suficientes para continuar con la causa judicial.

La jueza Andrade, quien asumió en su cargo en 2021 y cuenta con experiencia en unidades fiscales y secretarías, incluido un paso por Comodoro Py, también es conocida por estar a cargo de una causa por juego clandestino promocionado por celebridades y por haber absuelto al ex compañero de Victoria Xipolitakis en un caso de violencia de género.

En su fundamentación, la magistrada hizo hincapié en un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011, que establece que toda detención debe registrarse con claridad, indicando causas, responsables y horarios precisos. Adicionalmente, subrayó que el registro policial no solo fue deficiente sino también extemporáneo, señalando que “hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones” cuando la cifra real resultó ser significativamente mayor.

La resolución enfatiza que en el caso “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión”, aunque reconoce que estos derechos “no pueden ser ejercidos de manera absoluta”. No obstante, advierte que las regulaciones no deben “alterar el sentido o espíritu mismo de esos derechos, tornándolos inoperativos”.

Paradójicamente, mientras la jueza ordenaba las liberaciones por falta de información policial adecuada, abundan registros visuales de manifestantes incendiando patrulleros, destruyendo contenedores de basura y arrojando proyectiles contra efectivos policiales. Según estimaciones oficiales, los daños causados durante los disturbios ascienden a aproximadamente 414 millones de pesos.

La magistrada aclaró que su decisión de liberar a los detenidos no implica una absolución definitiva, señalando que no emite “opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía”. Esto significa que todos los liberados seguirán siendo investigados en una causa penal donde se analizarán imágenes y otros elementos probatorios para determinar responsabilidades individuales en los hechos violentos ocurridos frente al Congreso.