La Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad

En una sesión cargada de tensión política, la Cámara de Diputados votó en contra del veto que el presidente Javier Milei había aplicado sobre la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. La iniciativa, que busca garantizar derechos y servicios esenciales en un contexto de recortes y demoras en los pagos, había sido aprobada por el Senado el 10 de junio y vetada por el Ejecutivo el 4 de agosto.

El rechazo al veto contó con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, lo que refleja el sólido acompañamiento de la oposición al proyecto. Para que el texto finalmente se imponga y quede promulgado, el Senado deberá ahora reunir los dos tercios de los votos, instancia en la cual el Poder Ejecutivo no podrá volver a interceder.

Horas antes de la votación, el vocero presidencial, Manuel Adorni, buscó atenuar la tensión señalando en su cuenta de X que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”. En esa misma línea, sostuvo que un eventual refuerzo “aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”.

La norma aprobada contempla un abanico de medidas orientadas a sostener el sistema de prestaciones básicas: desde la regularización de deudas con prestadores y la actualización mensual de aranceles, hasta la mejora de las pensiones no contributivas. También prevé fortalecer el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad mediante auditorías, actualización de bases de datos y mayores mecanismos de transparencia en la gestión de fondos.

Otro de los puntos centrales es la modernización del Certificado Único de Discapacidad, que deberá contemplar no solo las condiciones físicas, sino también intelectuales, sensoriales y sociales de las personas. Además, se establece la obligación de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público, y se destinan partidas para talleres protegidos, centros de día y compensaciones económicas para sostener la red de asistencia.

El diputado Daniel Arroyo, autor del proyecto, subrayó que se trata de una ley “con un impacto fiscal bajo y con apoyo transversal de varios bloques opositores”. En declaraciones a Chequeado, aseguró que lo lógico sería que el Senado ratifique la sanción: “Lo racional es que se apruebe y que el Gobierno no lo vete”.

La pulseada política continuará ahora en la Cámara alta, donde se definirá si la ley queda definitivamente en pie o si el veto presidencial se mantiene.