La reciente ola de homicidios en el conurbano bonaerense ha provocado una reacción institucional significativa, con especial énfasis en los municipios de Moreno y Florencio Varela. El impacto de estos crímenes, que han cobrado la vida de víctimas jóvenes, ha catalizado una respuesta coordinada de diversos sectores políticos.

Fernando Espinoza, en su rol de presidente de la Federación Argentina de Municipios, convocó a una reunión estratégica en La Matanza. El encuentro, caracterizado por un marcado hermetismo, culminó en un consenso para solicitar al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el despliegue de efectivos de Gendarmería en la región. Paralelamente, se estableció comunicación con el gobernador Axel Kicillof para articular una petición conjunta de recursos adicionales destinados a fortalecer la seguridad.

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La administración nacional ha anunciado la implementación del Plan 90/10 en la provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa, presentada por Bullrich en diciembre, apunta a reducir los índices delictivos en las zonas más densamente pobladas del país. El plan contempla un despliegue integral que incluye controles vehiculares, patrullajes pedestres, identificación de personas y vehículos, además de recursos especializados como unidades caninas y patrullas montadas.

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La propuesta gubernamental se concentrará en municipios críticos como Moreno, La Matanza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, San Martín, Tres de Febrero y Morón. Esta estrategia responde a una realidad estadística: el 90% de los homicidios se concentra en el 10% del territorio nacional, donde reside el 70% de la población argentina.

En el ámbito legislativo, el bloque La Libertad Avanza en el Senado bonaerense, liderado por Carlos Kikuchi, ha presentado un proyecto de resolución que respalda la intervención de Gendarmería en las zonas más conflictivas del AMBA. Simultáneamente, la Coalición Cívica ha solicitado la interpelación del ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso.

La convergencia de estas iniciativas refleja una preocupación transversal por la seguridad ciudadana. Como señalan legisladores provinciales, la recuperación de la tranquilidad pública constituye una demanda urgente que requiere una respuesta estatal inmediata y efectiva.