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Hasta 180% de aumento en un año: la voracidad fiscal que cae siempre sobre los mismos vecinos

Con un 20% inmediato desde enero y ajustes posteriores por inflación, las tasas municipales vuelven a dispararse muy por encima del costo de vida. El impacto recae sobre un grupo reducido que sostiene casi toda la recaudación.
30.12.2025 [+]
Imagen generada con IA

La nueva fiscal impositiva aprobada en Mercedes consolida un esquema que ya no admite eufemismos. El aumento no es gradual ni excepcional: es inmediato, profundo y acumulativo. Desde el 1 de enero rige una suba directa del 20%, que luego seguirá ajustándose por inflación. Sumado a los incrementos habilitados el año anterior, el resultado es contundente: en apenas un año, muchas tasas municipales terminan aumentando entre un 120% y un 180%, mientras la inflación rondó el 30%.

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El dato no surge de una interpretación política, sino de una cuenta simple. Los nuevos valores se aplican sobre montos ya incrementados, lo que genera un efecto de interés compuesto. Así, cada ajuste se monta sobre el anterior y multiplica el impacto final. El vecino no enfrenta un aumento aislado, sino una escalada sostenida que se aleja cada vez más de la realidad económica.

Pero el problema no termina en el porcentaje. Termina en quién paga. En la práctica, alrededor del 30% de los vecinos sostiene la mayor parte de la recaudación municipal. Son los contribuyentes que están dentro del sistema, los que pagan en término, los que no pueden esquivar el control. El resto, una mayoría silenciosa, directamente no paga o lo hace de manera irregular, sin que el Estado despliegue la misma energía para cobrar.

Ese desequilibrio explica la lógica de la voracidad fiscal. Como no se amplía la base de contribuyentes ni se combate seriamente la evasión, el ajuste recae siempre sobre los mismos. Es más fácil subir tasas al contribuyente cautivo que ordenar el sistema, mejorar la eficiencia o exigirle a quienes hoy están fuera.

El discurso oficial suele apelar a la justicia social, pero el efecto concreto es el inverso. Se castiga al que cumple y se tolera al que no. Se encarece la actividad formal, se asfixia al comercio, al productor y al vecino que intenta estar al día, mientras los servicios siguen sin mostrar mejoras proporcionales al esfuerzo exigido.

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El 20% inmediato aprobado para enero no es un punto final, sino el punto de partida de nuevos ajustes automáticos. La inflación futura seguirá empujando los valores hacia arriba, consolidando un esquema donde las tasas crecen muy por encima de los ingresos reales de la mayoría.

El vecino tiene derecho a entender qué está pasando. No es una discusión técnica ni inevitable. Es una decisión política que elige el camino más corto: exprimir a ese 30% que todavía paga para sostener un sistema que no cobra a todos por igual. Y cuando el Estado convierte la voracidad fiscal en política permanente, el desenlace es conocido: menos actividad, más informalidad y un desgaste social cada vez más profundo.

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