En un inesperado giro, el edificio central de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor se vio envuelto en llamas el pasado fin de semana, generando estragos en su Data Center, el núcleo de sus operaciones de registro vehicular. Esta tragedia ha paralizado los trámites de patentamiento de automóviles nuevos y usados a nivel nacional, con proyecciones de hasta 48 horas sin actividad. El incendio, ocurrido el sábado 16 de marzo, ha desencadenado una serie de consecuencias tanto operativas como políticas, sumando combustible al fuego de la controversia que rodea a estos organismos gubernamentales.

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La magnitud del desastre es evidente en la suspensión total de los servicios registrales, como lo confirma un comunicado oficial en el sitio web del organismo. Los esfuerzos para restablecer la normalidad se multiplican, pero el tiempo necesario para recuperar los servidores y reanudar las operaciones es incierto.

A pesar de la tragedia, las autoridades aseguran que ninguna información se ha perdido, gracias a la presencia de respaldos seguros. Sin embargo, este incidente pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas y la necesidad de modernización.

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El contexto político añade otra capa de complejidad a esta crisis. Los Registros Automotor han sido objeto de críticas por parte del gobierno actual, que los considera parte de una estructura obsoleta y corrupta. La diputada nacional del PRO, Patricia Vázquez, ha propuesto la eliminación de estos registros, mientras que el Congreso debate un DNU que busca reformar radicalmente el proceso de registro vehicular, incluyendo la transición hacia plataformas digitales más eficientes.

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Esta iniciativa gubernamental, que pretende establecer un Registro Automotor Digital de alcance nacional para el 2 de mayo de 2024, promete simplificar y agilizar los trámites, reduciendo costos y eliminando obstáculos burocráticos. Sin embargo, hasta que estas herramientas estén completamente operativas, las operaciones de transferencia de vehículos seguirán su curso habitual.