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Impugnan al candidato propuesto por el PE para controlar la transparencia en la administración pública

Organizaciones advierten que la postulación de Gustavo Fuertes como Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) no reúne los requisitos para el cargo y que esto amenaza la transparencia del gobierno y la adecuada protección del derecho a saber.

Por Equipo de Redacción MercedesYA
Impugnan al candidato propuesto por el PE para controlar la transparencia en la administración pública

Gustavo Fuertes es abogado y escribano y se desempeña como asesor jurídico en la Secretaría de Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete

El próximo 23 de marzo se realizará la audiencia pública para discutir el perfil del candidato propuesto.

La Agencia de Acceso a la Información Pública es el órgano que tiene a su cargo velar y asegurar la transparencia del Poder Ejecutivo y las instituciones que se encuentran bajo su órbita (organismos de la administración pública centralizada, descentralizada, empresas del Estado, empresas concesionarias de servicios públicos, universidades, partidos políticos).

Entre otras funciones muy relevantes, resuelve los reclamos por denegación de información de las diferentes autoridades y controla que los distintos organismos publiquen información completa y actualizada en sus sitios web. A esto se suma que es el órgano encargado de proteger los datos personales y asegurar que en Argentina se respete el derecho a la privacidad.

Por todas estas razones, la Agencia tiene un rol insustituible en la protección del derecho humano de acceso a la información y la libertad de expresión, que es a su vez fundamental para una democracia de calidad en la que la ciudadanía pueda saber y participar activamente de los asuntos públicos.

Las impugnaciones de organizaciones como Poder Ciudadano, Directorio Legislativo, FUNDEPS, Democracia en Red, ACIJ, entre otras, destacan que estas responsabilidades demandan una autoridad con una trayectoria destacada en estos temas y que presente garantías de imparcialidad. Sin ello, el derecho de acceso a la información pública pierde al único organismo del Poder Ejecutivo cuya función es protegerlo. Y se corre el riesgo de que sean tolerados menores niveles de transparencia y apertura de la información.

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También destacan que la postulación por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros no fue acompañada de una fundamentación respecto a las razones que motivaron esta candidatura ni sobre las valoraciones por las que consideran que el candidato es una persona idónea para el cargo.

El próximo 23 de marzo desde las 9:00 tendrá lugar la audiencia pública en la que el candidato expondrá en torno a las impugnaciones presentadas y responderá preguntas de la ciudadanía. El compromiso del Poder Ejecutivo con el derecho de acceso a la información pública debe reflejarse en el tipo de perfil propuesto para ocupar este cargo, de lo contrario está en juego la transparencia y el derecho a saber del conjunto de la sociedad.

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