Juan Grabois, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, mantuvieron un extenso encuentro en la sede central de ATE donde delinearon un plan de acción conjunto contra las políticas implementadas por la administración de Javier Milei.

“Debemos continuar la lucha contra el Gobierno en todos los frentes y generar su derrota en las calles”, afirmó Aguiar al término de la reunión, donde ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos para confrontar al Ejecutivo nacional. El encuentro concluyó con la decisión de participar en la movilización de jubilados prevista para este miércoles frente al Congreso, además de convocar a una marcha hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger para el próximo 27 de marzo, fecha en que ATE realizará un paro nacional.

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Los dirigentes también ratificaron su adhesión al paro general anunciado por la CGT para principios de abril, en lo que constituye un nuevo capítulo en la creciente tensión entre el gobierno y los sindicatos. “Marcharemos junto a los jubilados para defender la democracia frente a la represión y el giro autoritario del Gobierno. También nos movilizaremos el 27 durante el paro estatal para exigir incrementos salariales y el cese de los despidos”, explicó el líder de ATE.

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Durante el encuentro, Grabois subrayó la importancia de una acción coordinada: “Abordamos varios asuntos, comenzando por la confrontación directa con un gobierno represor que pretende desmantelar el Estado social de derecho”. El referente de la UTEP hizo hincapié en la necesidad de solidaridad intersectorial: “Los empleados públicos, que dedican su vida al servicio del pueblo, necesitan nuestro apoyo colectivo, igual que los jubilados y estudiantes. Nadie puede salvarse individualmente”.

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El dirigente también planteó la necesidad de “diseñar un nuevo modelo estatal para el siglo XXI que responda efectivamente a las necesidades actuales de la población, especialmente de los sectores más vulnerables y trabajadores”.

Esta alianza representa un nuevo frente de oposición al gobierno de Milei, que ya enfrenta una resistencia creciente en diversos ámbitos. La CGT, por su parte, parece estar abandonando gradualmente su inicial pasividad, que le valió numerosas críticas. Octavio Argüello, cosecretario general de la central obrera, advirtió recientemente sobre la intensificación de las medidas de fuerza si el gobierno nacional persiste en su política de limitar las negociaciones paritarias y criminalizar la protesta social.

“Si el Ejecutivo mantiene su actitud de incomprensión hacia la situación de los trabajadores, veremos una profundización de las protestas laborales”, alertó el dirigente camionero. Argüello cuestionó además los recientes índices inflacionarios publicados por el INDEC y denunció que el gobierno presiona a las cámaras empresariales para impedir que implementen aumentos salariales acordados pero no homologados oficialmente.

La central obrera tiene previsto definir el próximo jueves la fecha exacta para el tercer paro general contra la administración Milei. “Se recurre a la huelga cuando no hay diálogo y la situación se vuelve insostenible”, justificó Argüello, quien instó al gobierno a “reconsiderar lo que realmente está ocurriendo con la economía real, más allá de los indicadores macroeconómicos que dicen tener ordenados”.

En un tono aún más alarmante, Aguiar declaró recientemente a un medio radial que “los tres poderes del Estado están comprometidos: en el Congreso los diputados llegan a las manos, desde la Casa Rosada se promocionan estafas por redes sociales, y en el Poder Judicial la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema están nombrados a dedo”. El sindicalista concluyó con una advertencia contundente: “Esta situación es insostenible y nos acercamos peligrosamente al caos social”.

Por su parte, Hugo Yasky, titular de la CTA y diputado opositor, anticipó una masiva participación en la próxima movilización y acusó al gobierno de “generar violencia y caos en las calles”, sugiriendo que el operativo de seguridad planificado busca limitar la magnitud de la protesta prevista.