En medio de la creciente indignación pública por los recientes aumentos salariales, el Senado de la Nación tomó medidas drásticas para contener la crisis. En una votación unánime, con 65 votos a favor, la Cámara alta decidió congelar las dietas de los senadores hasta el 31 de diciembre de 2024, anulando el polémico incremento del 6,6% previsto para julio y agosto.

Esta decisión surge como respuesta a la controversia desatada por la resolución aprobada en abril, que vinculaba automáticamente los salarios de los senadores a los aumentos otorgados a los empleados legislativos. Dicha medida había elevado los ingresos de los legisladores a más de 7 millones de pesos brutos, una cifra que generó un fuerte rechazo en la opinión pública.

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El proyecto de resolución aprobado suspende “toda actualización que se realice en el valor del módulo” establecido en la cuestionada resolución de abril. Esto significa que los senadores no se beneficiarán del aumento del 3,5% para julio y del 3% para agosto que sí recibirán los empleados legislativos.

Sin embargo, es importante señalar que esta medida es temporal. A partir de enero de 2025, el mecanismo de actualización automática volverá a entrar en vigencia, a menos que se tomen nuevas decisiones al respecto.

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Durante la sesión, varios legisladores expresaron sus opiniones sobre la situación. El peronista disidente Juan Carlos Romero argumentó que la fijación de los ingresos de los senadores no debería ser tarea de la Presidencia de la Cámara ni del Ejecutivo, y calificó la medida como una “transición hasta encontrar hacia fin de año una verdadera solución”.

Por su parte, José Mayans, jefe del bloque kirchnerista, reconoció que “la gente merece una explicación” y lamentó la “distorsión sobre la percepción de un legislador que tiene que venir a cumplir obligaciones”.

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Paralelamente a esta decisión, el Senado comenzó a debatir un proyecto de ley presentado por Mayans que busca establecer un tope salarial para todos los funcionarios públicos. La propuesta sugiere que el sueldo del Presidente de la Nación sea el máximo, fijándolo en 20 salarios mínimos vitales y móviles, lo que actualmente equivaldría a poco más de 5,2 millones de pesos.

Este proyecto, de ser aprobado, tendría un impacto significativo en toda la estructura salarial del sector público, afectando no solo al Poder Ejecutivo sino también al Judicial y al Legislativo. Por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia verían sus ingresos reducidos a 15 salarios mínimos, aproximadamente 3,9 millones de pesos.

La discusión sobre este tema promete ser intensa, ya que implica una revisión profunda de la estructura salarial del Estado. Mientras tanto, la decisión del Senado de congelar sus propios sueldos se presenta como un gesto hacia la ciudadanía, en un intento por recuperar la confianza pública en un momento de creciente descontento social por la situación económica del país.

A pesar de estas medidas, queda pendiente una solución a largo plazo para la cuestión de los salarios de los funcionarios públicos, un tema que seguirá siendo objeto de debate y escrutinio público en los próximos meses.