El recorte del plan MESA deja una pregunta incómoda: si era provincial, ¿por qué culpan a Nación?

El recorte o eventual eliminación del plan MESA abrió una nueva disputa entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional, pero también dejó expuesta una contradicción política difícil de disimular. Desde el entorno de Axel Kicillof apuntan a la falta de fondos nacionales como explicación del ajuste en la asistencia alimentaria, aunque el propio planteo bonaerense reconoce que el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria se sostiene con recursos provinciales.

La diferencia no es menor. Nación sostiene que el aporte nacional cercano al 20% corresponde al Servicio Alimentario Escolar, el SAE, mientras que el 80% restante es obligación provincial. Pero en el caso del MESA, el reclamo de la Provincia fue pedir la incorporación de financiamiento nacional para un programa que, según el propio ministro Andrés Larroque, actualmente es sostenido íntegramente por la administración bonaerense.

Ahí aparece la pregunta central: si el MESA era un programa provincial, financiado por la Provincia, ¿qué pasó con los recursos bonaerenses que hasta ahora lo sostenían? Y si la decisión es redireccionar partidas hacia el SAE, como trascendió en medio de la reestructuración, entonces no se trata solamente de un recorte impuesto desde afuera, sino de una definición interna sobre dónde poner la plata.

El programa MESA nació durante la pandemia como una asistencia alimentaria complementaria para familias vinculadas al sistema escolar. Según la información publicada, alcanzaba a más de dos millones de personas mediante la entrega mensual de cajas de alimentos, con un costo estimado para la Provincia de unos 31 mil millones de pesos por mes. A la vez, el SAE llega a más de 2,4 millones de chicos y tiene un presupuesto superior.

La Provincia sostiene que la caída de recursos nacionales asfixia sus cuentas y que Nación mantiene deudas vinculadas al SAE por más de 220 mil millones de pesos desde 2024. Nación lo niega y rechaza cualquier responsabilidad sobre el desfinanciamiento de programas que define como provinciales. En el medio, quedan los comedores escolares, las familias y una discusión que mezcla asistencia alimentaria, ajuste fiscal y relato político.

El punto sensible es que el gobierno bonaerense no puede presentar el MESA como una política propia cuando la exhibe, pero como una responsabilidad nacional cuando debe explicar su recorte. Si el programa fue sostenido hasta ahora con fondos provinciales, la explicación pública debería ser más precisa: cuánto costaba, qué partida se reduce, qué se reemplaza, cuántas familias quedan afuera y qué criterio se usará para compensar esa pérdida.

La discusión de fondo no es si Nación recortó fondos a la Provincia. Esa pelea existe y atraviesa buena parte de la relación entre Kicillof y Milei. La discusión concreta es si ese conflicto alcanza para justificar el recorte de un programa alimentario que la propia Provincia reconoce como financiado por ella misma.