Aprobaron las cuentas en Mercedes, pero el Tribunal marcó irregularidades y aplicó sanciones

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas 2024 de la Municipalidad de Mercedes, aunque dejó asentado un cuadro de irregularidades administrativas que derivó en sanciones económicas y llamados de atención a funcionarios clave de la gestión local.

La decisión se enmarca en una serie de resoluciones que alcanzaron a distintos municipios bonaerenses, donde el patrón se repite: las cuentas se aprueban en términos generales, pero con observaciones, multas y aspectos bajo revisión. En el caso de Mercedes, el foco estuvo puesto en la operatoria de compra de alimentos destinados a asistencia social.

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Según el expediente, el municipio realizó pagos millonarios sin cumplir el circuito administrativo obligatorio. El Tribunal detectó que se abonaron 2.230.000 pesos a una proveedora por azúcar y polenta, y 2.211.720 pesos a otro proveedor por arroz, sin que existieran pedidos formales, órdenes de compra ni procedimientos previos. La mercadería, de acuerdo con la resolución, fue adquirida y entregada antes de cualquier registro administrativo.

La situación fue posteriormente convalidada mediante una nota firmada por la entonces intendenta interina Mariana San Martín, pero el organismo de control fue claro: esa regularización posterior no elimina la irregularidad. En términos técnicos, se verificó el incumplimiento de normas básicas del régimen de administración municipal.

El punto más crítico radica en la ausencia total de controles previos. No hubo licitación, ni comparación de precios, ni mecanismos de selección de proveedores. Además, los proveedores involucrados eran personas físicas, sin que se acreditaran condiciones comerciales que justificaran su elección. Para el Tribunal, este esquema abre la puerta a discrecionalidad en el uso de fondos públicos.

Desde el municipio se argumentó que se trató de una situación de urgencia vinculada a la asistencia alimentaria y a demoras en la disponibilidad de partidas presupuestarias. Sin embargo, ese planteo no fue considerado suficiente para justificar el procedimiento adoptado. La observación fue ratificada y quedó formalmente incorporada al fallo.

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A pesar de estas irregularidades, el organismo aprobó la rendición bajo el criterio de que los estados contables reflejan razonablemente la situación financiera. No obstante, aplicó sanciones concretas: una multa de 360 mil pesos al intendente Juan Ignacio Ustarroz y amonestaciones a áreas clave como Contaduría, Tesorería, Compras, Desarrollo de la Comunidad y Economía.

Las penalidades se encuadran en la ley provincial 10.869, que regula la responsabilidad de los funcionarios en la administración de fondos públicos. Además, el Tribunal dejó puntos bajo análisis, lo que implica que podrían surgir nuevas responsabilidades a futuro.

El resultado deja una señal clara: las cuentas cierran en lo contable, pero el proceso administrativo mostró fallas relevantes. En un área sensible como la asistencia alimentaria, el control no es un detalle técnico, sino una garantía básica de transparencia en el uso de recursos públicos.