El Gobierno va por la figura de terrorismo tras el caos en el Congreso: qué puede pasar ahora

Los disturbios registrados en las inmediaciones del Congreso durante la última jornada de protestas escalaron a un nuevo nivel político y judicial. El Gobierno nacional anunció que avanzará con denuncias bajo la figura de terrorismo contra quienes participaron de los hechos más violentos, en especial aquellos vinculados a ataques con elementos incendiarios, daños a bienes públicos y agresiones a fuerzas de seguridad.

Desde el área de Seguridad sostienen que no se trató de una protesta convencional sino de acciones organizadas con capacidad de generar daño masivo y desestabilización. Bajo ese criterio, buscan que la Justicia federal encuadre parte de las conductas dentro de tipos penales más severos que los habituales cargos por destrozos, lesiones o resistencia a la autoridad.

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La calificación no implica una condena automática. Será ahora el Poder Judicial el que deba evaluar caso por caso, analizar pruebas y determinar si corresponde aplicar la figura de terrorismo o si los hechos deben juzgarse bajo delitos comunes. En antecedentes recientes, acusaciones de este tipo no siempre prosperaron y terminaron recalificadas en instancias posteriores.

El planteo oficial volvió a encender la discusión sobre cómo se define el límite entre protesta violenta y delito grave contra el orden público. También abrió un nuevo frente de disputa con sectores de la oposición y organizaciones sociales, que cuestionan la dureza del encuadre penal y advierten sobre posibles excesos en la respuesta estatal.

Mientras avanza la recolección de pruebas, peritajes y registros audiovisuales, el foco se traslada a los tribunales. Allí se definirá si la acusación de terrorismo se sostiene o si queda como una señal política en medio de un escenario de alta tensión institucional.